Con el inicio de clases a la vuelta de la esquina, el magisterio venezolano afronta nuevamente un panorama adverso con un salario destruido y el irrespeto a sus derechos laborales, por lo que un grupo de manifestantes proponen no reincorporarse a clases hasta tanto no se produzca un incremento salarial.
La educadora afiliada a la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Elsa Castillo, una voz constante en estas protestas, recalca que el contrato colectivo ampara a los docentes en estos casos, pues la Cláusula N° 56 del II Contrato Colectivo, firmado en 1986, establece un “amparo por casos fortuitos” que impidan a los docentes presentarse en sus trabajos.
“Los docentes activos no deben incorporarse. Esto no es una huelga, tampoco un paro, esto es un caso fortuito. La justificación que todos los días deben mandar a la directora de la institución es que no puede ir a trabajar porque no tiene pasaje”, instruyó desde una concentración en la sede principal del Ministerio de Educación.
Ante una multitud de unas 50 personas, una cantidad diminuta en comparación con las protestas de 2022 motivadas por la aplicación del Instructivo Onapre, Castillo recalcó que entregaron un documento con sus exigencias a la Dirección de Asuntos Gremiales del Ministerio de Educación, donde sería remitido a las instancias pertinentes para luego esperar una respuesta del Ejecutivo.
El documento incluye exigencias tales como el cese de los despidos masivos, en razón de la medida tomada por la Gobernación de Miranda de dejar sin sueldo a más de mil educadores; el respeto al contrato colectivo, la anulación del instructivo Onapre, el pago de deudas de la administración pública a sus trabajadores y un incremento salarial.
Esta manifestación responde a una convocatoria hecha el pasado 8 de noviembre por sindicatos del sector universitario, quienes anunciaron el inicio de un episodio de movilizaciones de calle para exigir sus derechos, empezando con una protesta nacional este lunes y una segunda en todas las universidades del país pautada para este miércoles.
Sin embargo, para algunos de los presentes en la convocatoria de 18 de septiembre, la asistencia no fue la esperada, además de que estuvo constituida casi únicamente por pensionados y jubilados ante la ausencia de trabajadores activos. Consideran que existe miedo de manifestar, ante casos de agresión sufridos en este tipo de actividades de calle.
“Hoy no hay tanta cantidad de personas como debería ser. Muchos maestros tienen miedo de protestar y ven qué pasa hoy para ver si pueden asistir a las próximas protestas”, razonó Nadia Donquiz.
Crece la precariedad para los docentes
El motivo principal de las convocatorias de calle, más allá de las diversas violaciones de derechos laborales, tiene que ver con un salario que empuja a docentes con distintos grados de profesionalización a la precariedad.
Con un salario estancado en 130 bolívares desde hace 18 meses, los profesores y maestros -especialmente jubilados y pensionados- afrontan cada vez mayores retos para sobrevivir, además de toparse con maniobras administrativas aplicadas por las instituciones públicas para pagar la menor cantidad de dinero posible.
TalCual conversó con trabajadores que alegaron que, siendo jubilados, deberían recibir un bono de guerra económica equivalente a 49 dólares. No obstante, debido a que tienen algún trabajo adicional para sobrevivir, son considerados trabajadores activos y por lo tanto les depositan un bono de 30 dólares, recibiendo una desmejora de 19 dólares en cada pago.
Otros manifestantes destacaron el impago del bono de 10 mil bolívares para jubilados entre 2018 y 2022, anunciado por Nicolás Maduro el 1 de mayo de 2022, que en su momento equivalía a 2.222 dólares y ahora, debido a la devaluación del bolívar, tan solo representa 297 dólares. En estos 18 meses en los que no se ha pagado esta suma, el dinero perdió 86% de su valor.
“Estamos aquí porque el sueldo no nos alcanza. Uno tiene que hacer mil cosas, yo he sido hasta taxista. Cualquier cosa que salga es buena”, denunció Celenia Medina, docente de educación especial jubilada que no percibe el bono de guerra económica que ajustó el Ejecutivo el pasado mes de mayo sin tocar el salario mínimo.
La situación en el interior del país es aún peor, pues se suman deficiencias del entorno que provocan un mayor gasto tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados.
Nadia Donquiz, quien viajó desde Carabobo para participar en la manifestación, resaltó que en su comunidad ha recibido la bolsa de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) solo en una ocasión este año. Tampoco es beneficiada los “combos proteicos” que otorgan en algunos ministerios, por lo que son gastos adicionales que debe asumir con su desmejorado salario.
