El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Briquetera de Venezuela (Sutrabriquetera), Isnaldo Rodríguez, denunció la desincorporación forzosa bajo la figura de “no requeridos” de todos los miembros del sindicato por parte de la empresa debido a la participación de la organización en protestas laborales en contra del memorándum 2792.
Rodríguez, quien es secretario general del sindicato desde el año 2015 hasta la actualidad, declaró que la organización rechazó la eliminación de los beneficios establecidos en las convenciones colectivas, los cuales fueron vulnerados por el memorándum 2792 en el año 2018.
Los miembros de Sutrabriquetera participaron en múltiples protestas en contra del irrespeto a las convenciones colectivas y formalizaron denuncias durante el año en que se promulgó esta normativa; a raíz de ello, en 2019, cuatro de los miembros de la organización fueron desincorporados de la compañía y despojados de sus salarios. Según Rodríguez, se mantienen cobrando solo 5% del sueldo y su desincorporación fue una forma de retaliación por las constantes protestas.
“La empresa tiene un ejercicio antisindical, específicamente, a los miembros principales del sindicato. Desde 2018 no estuvimos de acuerdo con las políticas del Estado de dejar sin beneficios a los trabajadores, usamos como herramienta a la Inspectoría del Trabajo para reclamar los beneficios que fueron cercenados. Desde ese momento, la empresa nos quitó el salario y el beneficio alimenticio. Estamos bajo el estatus de no requeridos, el cual no existe en la Constitución. Nosotros no podemos estar bajo ese estatus porque tenemos fuero sindical, pero la empresa tomó esa actitud negativa hacia nosotros”, denunció Rodríguez.
Según el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), los obreros “que gocen de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, no podrán ser despedidos, despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo”.
Esto significa que los miembros de una organización sindical no pueden ser despedidos en pro de resguardar el interés colectivo, por ende, tampoco deberían permanecer fuera de la estatal.
No obstante, según las denuncias procesadas por Correo del Caroní, desde el inicio de la pandemia y la creación de la figura de no requeridos, los dirigentes sindicales de la mayoría de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana fueron desincorporados de planta.
“En este momento toda la dirigencia sindical está fuera de planta. Queremos recalcar que hemos agotado las vías administrativas, hemos acudido a la inspectoría y hemos tenido 8 mesas técnicas, pero no hemos obtenido respuesta”, explicó el dirigente sindical.
Asimismo agregó que han consignado seis denuncias al respecto en la Inspectoría del Trabajo, pero ninguna ha tenido respuesta.
Sin resolución a las denuncias
En lo que va de año, los trabajadores han introducido, al menos, 12 demandas en la Inspectoría del Trabajo reclamando entrega de listines de pago, cancelación total de las utilidades, homologación de la pensión al costo de la canasta básica, reenganche laboral y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Organizaciones como Unidad en la Coincidencia, Movimiento 23, Movimiento 7, Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados, y la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venalum han consignado denuncias en la inspectoría, cuyo deber, según lo establecido en el artículo 507, “mediar en la solución de los reclamos individuales de trabajadores y trabajadoras y ordenar el cumplimiento de la ley o la normativa correspondiente cuando se trate de reclamos sobre obligaciones taxativas de la ley”.
Sin embargo, el ente no ha dado respuesta a ninguna de las denuncias introducidas durante el 2022, asimismo, el pasado 24 de octubre un grupo de trabajadores acudió a la institución exigiendo conversar con el jefe de supervisión e inspección, Eriberto Herrera, quien les hizo saber que, pese a que muchas de las denuncias se hicieron a principios de año, aún no han sido remitidas a los departamentos correspondientes.
Esto significa que las denuncias permanecen como archivo muerto, ya que es necesario que el inspector de trabajo de la orden de clasificar y evaluar los casos, evento que, según fuentes extraoficiales, no se lleva a cabo para no contrariar las decisiones de las estatales.
Según los trabajadores, la inspectoría se ha politizado, lo cual provoca que tenga una línea de acción partidista y que no busque dirimir las problemáticas laborales.
“La inspectoría debería resolver los problemas de las empresas básicas, pero al inspector que designaron de Caracas ni le hemos visto la cara”, puntualizó el secretario general de Sutrabriquetera.
Los denunciantes alegaron que tienen que salir a ofrecer servicio de taxi, hacer carreras, vender enseres o víveres para poder subsistir, ya que no perciben un salario completo desde hace cuatro años.
