domingo, 3 de julio de 2022

Directiva de Ferrominera toma represalias contra trabajadores por protesta de brazos caídos

Trabajadores levantaron la protesta debido a que han sido víctimas de amenazas de desactivación y despido; no obstante, aseveran que se mantiene el descontento ante la falta de claridad respecto a sus condiciones salariales.

Trabajadores levantaron la protesta debido a que han sido víctimas de amenazas de desactivación y despido; no obstante, aseveran que se mantiene el descontento ante la falta de claridad respecto a sus condiciones salariales.

Ferromineros protestaron durante 18 horas el fin de semana para exigir que se haga efectivo el aumento decretado por el Ejecutivo en el mes de marzo. Además denuncian la ausencia del listín de pago y la pérdida de los beneficios establecidos en el contrato colectivo.

En respuesta, la administración de Abel Jiménez canceló el servicio de transporte para que los trabajadores no pudieran movilizarse hasta la empresa y, según testimonios, se desactivó a uno de los líderes de la manifestación.

Los trabajadores aseguraron que la suspensión de las rutas de transporte fue un mecanismo para debilitar el reclamo. A su vez, el presidente de la estatal esgrimió que diseñaría un “plan de contingencia” para continuar operaciones a pesar del intento de paralización.

Los trabajadores que se presentaron el día domingo en la compañía llegaron por sus propios medios y se encontraron con una lista que enumeraba al personal requerido para laboral, al resto no se le permitió el acceso pese a que la protesta ya había sido disuelta.

“La empresa no mandó los transportes para hacer las diferentes rutas y eso debilitó nuestra lucha. Nos están amedrentando con suspensión o despido. Hacemos un llamado a que dejen las represalias. No queremos enfrentamiento: queremos diálogo”, expresó uno de los protestantes quien prefirió mantener su nombre en anonimato.

Sobre esta situación, el doctor en Relaciones Laborales Héctor Lucena en entrevista con Correo del Caroní explicó que las huelgas no son las causas de los problemas, sino la consecuencia, ya que la situación proviene de una falta de entendimiento entre el empleador y el personal.

“Esto se trata de que han ocurrido hechos que han generado bloqueo de funciones. No se ha fomentado el diálogo de manera seria y ética en la resolución de problemas. Si la empresa tiene problemas financieros, eso es un componente que amerita diálogo para valorar esas dificultades, analizarlas y, eventualmente, tomar decisiones. Se puede considerar hasta suspender temporalmente un beneficio para evitar despedir personal. Es un asunto que lo debe decidir el empleador con el sindicato legítimamente electo. Cuando la decisión viene solamente del empleador es una violación al derecho laboral, la reacción que se derive no se debe analizar como la causa, ya que es una consecuencia del no cumplimiento”.

Un salario regresivo 

Las denuncias sobre el secuestro de los contratos colectivos y la erradicación del tabulador salarial promulgadas por el memorándum 2792 datan de 2018. Sin embargo, la causa de esta protesta es la incapacidad del Estado para pagar el aumento de 1.704% anunciado por Nicolás Maduro y el carácter regresivo de un salario que parece estar jugando con el sustento de los ferromineros, quienes aseveran que deberían estar ganando al menos 1.500 bolívares.

No obstante, el estipendio oscila entre los 450 y 600 bolívares según el cargo.

Durante la primera quincena posterior al anuncio presidencial, la Corporación Venezolana de Guayana publicó un comunicado para informar que no contaba con los recursos para cumplir con los pagos.

Después una primera quincena fallida, durante el mes de abril los trabajadores cantaron victoria tras recibir un incremento en el salario, pero   ante la ausencia del recibo de pago desconocen qué se les está pagando. Sin embargo, en mayo fueron sorprendidos con una disminución del sueldo que los dejó con el mismo monto que ganaban antes del aumento.

Situación actual 

Según testimonios de los trabajadores, la protesta se disolvió debido al amedrentamiento y las amenazas. Asimismo aseguran que el descontento persiste a falta de una respuesta clara por parte de la administración de la compañía.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González, se encuentra desactivado desde 2018, año en el que también fue encarcelado por organizar una manifestación. González ha sido detenido dos veces y permaneció 17 meses en prisión debido a su labor sindical.

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