Un grupo de trabajadores de la empresa estatal de transporte público urbano (TransBolívar) denuncia ser víctima de acoso laboral y despidos indirectos. De acuerdo con sus declaraciones, la directiva arremete contra los operadores de los vehículos, y los responsabiliza de las averías o fallas de los autobuses que llevan más de dos años sin mantenimiento preventivo.
Los empleados deben enfrentarse a condiciones laborales inseguras por falta de indumentaria de trabajo adecuada y por el mal estado de las unidades de transporte.
Algunos de ellos reportaron que se les obligó a negociar su liquidación bajo la amenaza de perjudicar su expediente luego de que se dañaron los autobuses que conducían durante la jornada laboral.
De acuerdo con los testimonios, si una unidad con fallas se avería en las manos de un operador, este es sancionado por entre 15 y 20 días con suspensión de salario y pérdida de beneficios como la bolsa de alimentos. “Y si tú te niegas a viajar en esas condiciones, también te sancionan”, expresó bajo anonimato uno de los operadores de las unidades que lleva al menos ocho años laborando en la compañía.
De los 35 BTR que llegaron a Ciudad Guayana hace cinco años, durante la gestión del exgobernador Francisco Rangel Gómez para el nuevo proyecto de transporte público urbano gubernamental, solo quedan cuatro que presentan pérdida de potencia como producto de la desinversión y falta de mantenimiento preventivo y correctivo.
Los trabajadores señalan que la gerencia general oculta los reportes de unidades dañadas toda vez que se les culpa a ellos por las averías durante el horario laboral.
“Vamos rogando que el carro no se dañe”
Edgardo Gómez llevaba cinco años como operador en la empresa, de todo ese tiempo, solo una vez le entregaron implementos de seguridad para trabajar.
Tras haber colisionado una unidad de transporte que presentaba fallas en los frenos, Gómez tuvo que negociar su salida de la empresa porque le dijeron que, tras el incidente no volvería a tocar otro autobús.
Para seguir en la estatal tendría que ser reubicado como barrendero, y antes de la reubicación debía cumplir horario administrativo sin conducir ningún bus. “Y yo no me capacité como operador para terminar barriendo en la empresa. Ese es un despido indirecto”, reclamó.
Algunos trabajadores reportaron que se les obligó a negociar su liquidación bajo la amenaza de perjudicar su expediente si no lo hacían | Fotos William Urdaneta |
“Nosotros vamos rogando que el carro no se dañe, nos obligan a trabajar con esas unidades así”, insistió. Como él, al menos 12 trabajadores están en la misma situación.
El trabajador anónimo por su parte, relató que -durante las rutas extraurbanas hacia Santa Elena de Uairén u otros poblados-, los operadores deben viajar solos y a veces, con los focos de la unidad averiados. “A oscuras en esa carretera, es una amenaza para nuestra vida, yo le digo a los muchachos que dejen de aceptar esas condiciones laborales”, dijo.
De esas unidades del proyecto de transporte urbano gubernamental que en 2015 prometía una mayor movilización de usuarios a través de nuevas rutas de transporte, con aire acondicionado, y personas a rebosar, no queda nada en Ciudad Guayana. Las unidades han mermado a la par de la nómina y los beneficios de los trabajadores que quedan.
Desde hace año y medio, solo hay cuatro unidades de transporte BTR que se utilizan para rutas extraurbanas hacia Guri, Ciudad Bolívar y Upata, y ruta urbana exclusiva para trasladar personal sanitario o hacia VEN 911 en San Félix.
Esto, aunque en 2018 el gobernador Justo Noguera había prometido potenciar la capacidad instalada de la empresa, con un carácter “socialista y humanista” hacia sus empleados. En enero de ese año, Noguera prometió reparar 25 unidades de transporte que hoy no sirven.
Los autobuses BTR han mermado a la par de la nómina y los beneficios de los empleados que quedan, de 35 unidades solo cuatro funcionan |
Hace dos meses llegaron nuevos repuestos para los buses, pero hasta ahora las unidades averiadas no han sido reparadas. Una de esas le tocó conducir a Gregorio Zacarías, antes de que le suspendieran el sueldo y los beneficios.
Al operador con cinco años de servicio lo forzaron a renunciar porque a la unidad de transporte que le tocó conducir ese día se le fundió el motor, pieza a la que ya se le habían hecho al menos cuatro reportes de falla sin que fuese reparada. “Me dijeron que si no pagaba el motor fundido me iban a botar, y que mejor negociara la liquidación para que no me rallaran el expediente”, relató.
Para liquidarlo, le ofrecieron 42 millones de bolívares (42 dólares) por cinco años de servicio, cuando la canasta básica alimentaria superó los 200 dólares mensuales. “Yo no quiero renunciar pues, vamos a pelear por esto, nosotros no salimos a romper los carros”, afirmó.
José Torres, operador con cuatro años de servicio en TransBolívar relató que le suspendieron el sueldo, la bolsa de comida, los juguetes infantiles y el 25% de sus utilidades desde hace un mes.
La gerencia de la empresa lo acusa de haber ingerido alcohol y embriagarse durante la jornada laboral con la única pista de haber encontrado una unidad de transporte llena de vómito. “Ni siquiera es la unidad que yo estaba conduciendo. Es una acusación falsa, mi expediente está limpio”, señaló.
Para negociar su salida de la empresa le ofrecieron 30 dólares de liquidación por cuatro años de servicio. “Yo no me quiero ir, en mi casa no hay comida, ese es mi único trabajo, se los dije y con todo y eso lo hicieron”, manifestó.