Este 4 de octubre un grupo de trabajadores de Ferrominera Orinoco -entre ellos Rodney Álvarez- se encadenaron frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir la restitución de sus puestos de trabajo luego de haber sido separados de sus cargos de forma injustificada.
José Pérez, Ángel Díaz, Héctor Delgado y Rodney Álvarez exigen al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, su mediación en torno a los casos de despidos masivos, separaciones de cargo injustificadas y desactivaciones en la estatal del hierro. Desde 2018, los afectados denuncian que más de 50 ferromineros fueron sacados de planta sin justificación y con suspensión de salario.
“Ellos fueron francos, dijeron que no tienen la potestad para reincorporarnos a nuestros puestos laborales o exigir que nos reincorporen, pero dijeron que iban a mediar con el ministro del Trabajo y ministro de Industrias para formar una mesa de trabajo”, explicó Rodney Álvarez en entrevista con Correo del Caroní.
Álvarez fue conocido en el ámbito nacional e internacional por haber sido privado de libertad durante 11 años sin pruebas en su contra, acusado de un asesinato que tuvo lugar en la sede de la industria en Puerto Ordaz.
En Guayana, las mesas de trabajo han perdido credibilidad, puesto que en menos de un año, las autoridades regionales han conformado más de cinco de estas instancias y ninguna ha arrojado resultados concretos.
El especialista en derecho laboral, Ramón Sosa, explicó que la Defensoría del Pueblo es un ente que no tiene un fin coercitivo, por tanto, aseveró que la instancia correspondiente para introducir este tipo de denuncias es la Fiscalía para la Defensa de los Derechos Laborales.
Estas instancias pertenecen al Ministerio Público y son la Fiscalía 63 y 78 Nacional Especializada en Defensa de los Derechos Laborales, las cuales fueron instaladas el 18 de marzo en la Gaceta Oficial Nº 42.320.
Entre las competencias de estas instancias está el desacato a la orden de reenganche de un trabajador, violación al derecho a huelga y el incumplimiento u obstrucción de actos emanados del Ministerio del Trabajo o inspectorías.
“Ahora hay unas fiscalías especiales para hacer valer los derechos de los trabajadores. La Defensoría es más un órgano conciliador, no tiene poder coercitivo. Estas fiscalías sí tienen competencia para tramitar todo lo que son desacatos y violación a los derechos laborales”, puntualizó el jurista.
“Agotamos todas las instancias regionales”
“Hicimos esta protesta por el incumplimiento que tiene CVG Ferrominera Orinoco al no querernos reincorporar. Agotamos todas las instancias regionales, hemos ido a todos los entes en Bolívar. Vinimos cuatro trabajadores: José Pérez, Ángel Díaz, Héctor Delgado y mi persona, Rodney Álvarez. Vinimos a la Defensoría del Pueblo porque este es el órgano mediador, su deber es hacer respetar los derechos de los ciudadanos”, expuso Álvarez.
Asimismo, el resto de afectados -más de 50- alegan haber sido separados de sus cargos entre el 2018 y 2021. A todos se les suspendió el salario, pero no han recibido una notificación de despido ni el pago de sus prestaciones sociales.
Según documentos presentados a este medio, durante el mes de septiembre el grupo ya había viajado hacia Caracas e introdujeron recursos en el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Industrias; sin embargo, continúan sin recibir respuesta. Toda la documentación contiene los sellos que certifican que fue recibida.
“Ya se cumple un mes desde que solicitamos una reunión con el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, y el ministro de Industrias, José Félix Rivas. Hay un incumplimiento con las autoridades en Bolívar. Agotamos todas las vías. No hemos recibido respuesta y decidimos venir a Caracas para que nuestra voz y nuestra denuncia sea escuchada”, destacó Álvarez.
