viernes, 19 julio 2024
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Defensa de Rodney Álvarez exige agilizar juicio tras dos audiencias sin avances por falta de testigos

Consideran que el retraso es otra medida dilatoria del caso, el cual ha pasado por 10 reanudaciones, mientras el ferrominero está proximo a cumplir 10 años sin sentencia. | Foto cortesía

@g8che

Luego de dos audiencias sin ningún tipo de avance al no lograr ubicar a los testigos promovidos por el Ministerio Público, la defensa del ferrominero Rodney Álvarez exige que se continúe con el proceso de juicio prescindiendo de estas personas.

“El Ministerio Público en complicidad con el juez de la causa han puesto en práctica una nueva táctica dilatoria que es referida a la ubicación de los testigos”, sostuvo Luis Aguilera, abogado del afectado. “Alegan que la tardanza es porque los testigos no pueden ser ubicados”.

El abogado recriminó que luego de casi 10 años el Ministerio Público argumente que desconoce el paradero de los más de 10 testigos que promovieron para declarar en el juicio del ferrominero.

Desde los tribunales se alega que los números telefónicos de los testigos no existen y que probablemente las personas hayan salido de Venezuela, por lo que no han podido ser ubicados para que rindan declaraciones. “Hemos insistido que se debe prescindir de esos testigos en virtud de la imposibilidad para localizarlos, pues el Ministerio Público se niega”, denunció Aguilera.

El abogado explicó que la normativa procesal penal establece que en el segundo llamado y ante la incomparecencia del testigo al no ser localizado, el juez podría prescindir de esos testigos y sus declaraciones. “De lo contrario, el proceso se estancaría y eso es perjudicial para el procesado”, alertó.

Hasta ahora no hay rastros de donde podrían estar los testigos, por lo que Aguilera consideró que era un irrespeto hacia Rodney Álvarez que después de 9 años y 10 meses se argumente que se desconoce el paradero de los testigos.

Rodney no disparó

Aguilera sostiene que son más de 10 testigos, los cuales el Ministerio Público desconoce su paradero | Foto cortesía

El ferrominero Rodney Álvarez está preso desde hace 9 años y 10 meses luego de ser acusado de asesinar con arma de fuego al obrero Renny Rojas, mientras se realizaba una asamblea de trabajadores en los portones de Ferrominera Orinoco (FMO) en Puerto Ordaz.

Desde el suceso, trabajadores presentes ese día han señalado a Héctor Maicán, representante de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT) y cercano, en aquel entonces, al exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, como el autor de los disparos.

Aguilera sostuvo que durante esta última apertura de juicio el guardia nacional que detuvo a Maicán relató lo que sucedió el día de los disparos y no vincula a Rodney con el asesinato ni con el arma con la que se ejecutaron los disparos. “Ya el Ministerio Público no tiene cómo demostrar esas tesis”, sostuvo el jurista.

Retraso de casi 10 años 

Esta no es la primera vez que se denuncia algún tipo de traba para retrasar el juicio de Álvarez. Desde su arresto en 2011 el afectado ha pasado por tres cambios de jueces y 10 suspensiones de juicio.

El último obstáculo del Estado había sido el 13 de abril, cuando estaba pautada una audiencia y no dejaron ingresar a Aguilera al juicio luego que le impidieran el acceso al Palacio de Justicia por órdenes del presidente del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas.

En ese momento la defensa del trabajador señalaba que era una medida para forzar a Rodney Álvarez a aceptar un defensor público que lo llevara a admitir la culpabilidad de los cargos que se le acusan. “Es parte de las estrategias que utiliza el Gobierno nacional porque represento un bastón, un apoyo psicológico para Rodney, para que se mantenga firme en no aceptar los hechos”, sostuvo Aguilera.

El representante legal señaló que en estas últimas dos audiencias sí le han permitido ingresar, pero no han podido avanzar ante las limitantes de los testigos. Asimismo, declaró que se ha solicitado el traslado de Álvarez a un centro de salud debido a su parecencia de sinusitis y su mano lastimada, sin embargo, no se les permite ni siquiera recibir medicamentos a través de amigos y familiares.

El caso del ferrominero está por cumplir 10 años sin ninguna sentencia, pese a incluso, la carencia de pruebas que lo vinculen con el asesinato, el reclamo de los trabajadores, las súplicas de la familia y las denuncias internacionales exigiendo su liberación.

En 2019, la Comisión de Encuestas, el órgano de investigación más importante, de la Organización Internacional del Trabajo, recomendó que el ferrominero fuera liberado, solicitud que va a cumplir dos años sin ninguna medida por parte del gobierno de Nicolás Maduro.