miércoles, 21 febrero 2024
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CTE considera “inconstitucional e ilegal” proyecto de reforma de la ordenanza del servicio de aseo urbano

La Comisión Técnica Empresarial rechaza la aprobación que en una primera discusión hizo el Concejo Municipal de Caroní.

La Comisión Técnica Empresarial, integrada por los presidentes de las distintas cámaras de los municipios Caroní y Angostura del Orinoco, rechazó la nueva reforma de la ordenanza en materia de recolección de desechos propuesta ante el Concejo Municipal, considerando que “pretende mantener el sistema” que desde 2022 ha causado estragos en la economía de la localidad.

Vía nota de prensa aseguran que el nuevo proyecto va contra lo dispuesto en la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (Locaptem), por lo cual lo consideran “inconstitucional e ilegal”.

Los empresarios refieren que los artículos 47, 48 y 49 de la Locaptem establecen que el cobro por el servicio de aseo urbano debe realizarse mediante una tasa que se establecerá sobre la base de los costos reales de servicio y en función de la cantidad de suscriptores servidos, así como la capacidad de generación del sujeto además del tipo, características, volumen o masa de los residuos y desechos.

Agregaron que la ley especial dispone que, a los efectos de establecer las tasas, se deberá garantizar la proporcionalidad entre el costo del servicio público prestado y el beneficio recibido por el contribuyente.

Sin embargo, aseveraron, el nuevo proyecto de reforma que propuso la Alcaldía de Caroní insiste en denominar como “tarifa o precio” el costo del servicio, por lo que enfatizan se trata de una maniobra para continuar justificando que el servicio de aseo sea manejado por una empresa privada, además de obligar a los ciudadanos y a las empresas en general a pagar una tarifa definida que no cumple con las disposiciones previstas en la Ley de Gestión Integral de la Basura, la Ley del Poder Público Municipal y la Locaptem.

“Resulta incomprensible que desde la máxima autoridad administrativa del municipio se pretenda desconocer el mandato que desde la Asamblea Nacional se dio a través de la Locaptem, para reestablecer el orden jurídico violentado antes de su promulgación. En el caso del municipio Caroní, que a partir de la reforma de ordenanza de la gestión de la basura del año 2022, se había instaurado un régimen tarifario de espalda a la legalidad y a la Constitución que sólo parece haber favorecido a la empresa beneficiaria de la privatización del servicio público”, sostienen.

En ese sentido ratificaron que la Locaptem cita que es nulo e ineficaz el cobro de cantidades exigidas por los estados y municipios bajo distintos conceptos, tomando en cuenta los establecidos bajo la denominación de aportes, aranceles, contraprestación y sus similares.

Rechazan aprobación del Concejo Municipal

La Comisión Técnica Empresarial rechazó la aprobación que en una primera discusión hicieron los concejales del municipio Caroní de la propuesta presentada por el burgomaestre, señalando que el artículo 75 de dicha reforma expone sobre una sanción que excede el Código Orgánico Tributario (COT); aun cuando la Locaptem y la Loppm establecen que las multas deberán extralimitar el código.

“Quienes elaboraron este proyecto de reforma de la ordenanza no tienen intención de someterse a la ley. Aspecto que los concejales del municipio debieron haber advertido en cumplimiento de sus funciones legislativas”, sentenciaron.

La instancia técnica espera que, de no ser así, los ediles rectifiquen y asuman su papel de garantes de la legalidad para desestimar el proyecto que se les presentó.

“En lo que respecta a la rectificación que exige la Locaptem a los legisladores respecto a los tributos regidos por dicha ley armonizadora, es necesario que se atienda lo establecido en su artículo 8, que dicta que las ordenanzas que crean tributos deberán definir el hecho imponible, fijar la alícuota, la base de cálculo e indicar los sujetos pasivos del tributo”, añadieron.

Desde la Comisión Técnica Empresarial instan a que se restituya la legalidad vulnerada, de lo contrario se verán obligados a optar por la vía jurídica para garantizar el cumplimiento de ley en la formulación de las ordenanzas en el municipio. (Con información de la Comisión Técnica Empresarial)