Tras casi dos años de publicarse el informe de la Comisión de Encuestas, el órgano de investigación más importante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las medidas contra el Estado venezolano por el incumplimiento de convenios y violaciones laborales serán discutidas este sábado.
Al contrario del consejo pasado donde solo se tomaría nota de las respuestas del gobierno, desde la OIT invitaron al Consejo de Administración 341 a tomar acciones luego de las pocas respuestas del Gobierno venezolano para atender la crisis laboral en el país.
Dirigentes sindicales y centrales de trabajadores han solicitado una actuación más contundente de cara al Consejo de Administración 341, en el que está previsto que se tomen estas decisiones, luego de que en noviembre de 2020 se postergaran las medidas a tomar por falta de consenso de los miembros participantes.
En 2019, la OIT, a través de la Comisión de Encuestas, presentó un informe donde documentó violaciones laborales como la detención de trabajadores, amedrentamientos contra organizaciones gremiales y sindicales y la violación de convenios.
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En dicho documento recomendó al gobierno reactivar el diálogo entre empleadores, trabajadores y Estado, asegurar la existencia de un clima desprovisto de amenazas, intimidación u otra forma de agresión, la liberación de empleadores y sindicalistas y medidas que garanticen el estado de derecho.
El gobierno de Nicolás Maduro, desde inicio del 2021, instaló mesas de diálogo con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, entre las que incluyó a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCP) y la central Alianza Sindical Independiente (ASI).
Aunque representantes gubernamentales alegaron a la OIT que esperaban continuar con las conversaciones y solicitaron asistencia técnica para determinar, con criterios objetivos, la representatividad de organizaciones de empleadores y trabajadores en el país, esto no ha significado mejoras ni un cambio de postura de las acciones del gobierno.
Continúa la imposición de contratos, presiones contra gremios, detención de trabajadores y representantes de organizaciones laborales, pocas garantías para una consulta tripartita efectiva y ataques contra dirigentes y gremios.
El 18 de marzo, la Asamblea Nacional oficialista rechazó supuestas solicitudes de sanciones contra el gobierno por parte de Fedecámaras. “Lamentamos mucho que Fedecámaras esté planteando ante la OIT que aplique sanciones contra Venezuela y que niegue el diálogo emprendido desde el Ministerio del Trabajo”, expresó el diputado oficialista Francisco Torrealba, quien se había reunido con el gremio.
Buscar el diálogo
Desde la publicación del informe, el gobierno desestimó lo documentado y aunque en las primeras instancias el Estado venezolano podía recurrir a la Corte Internacional de Justicia, los voceros estatales rechazaron acudir a este organismo que tenía capacidades de modificar, desaprobar o confirmar dicho documento, de acuerdo con lo que explicó Enrique Marín, exfuncionario de la OIT.
El especialista indicó a Correo del Caroní en una entrevista a principios de marzo, que al no aceptarse recurrir al CIJ, el gobierno debe acatar las recomendaciones de la organización, aunque advierte que a los gobiernos no se les impone ni se les sanciona en estas instancias.
“Lo importante de aquí es ver de qué manera el gobierno se engancha en un diálogo con la OIT”, dijo Marín. “Aunque el proceso de diálogo suele tomar tiempo, la OIT tiene una cierta influencia y a veces termina convenciendo a los gobiernos que tomen medidas”, agregó.
Estima que dependiendo de lo que se discuta en el consejo, la OIT pueda contribuir a que el gobierno se siente con empleadores y trabajadores para la discusión de salarios mínimos. “La presión de la OIT puede ayudar”, insistió.
