Apenas 3% de los comercios han obtenido el crédito del Banco de Venezuela (BDV) que necesitan para comprar los equipos fiscales necesarios para la adaptación al cobro del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
Así lo informó la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, en entrevista con Correo del Caroní.
La iniciativa del Seniat junto al BDV nació con el propósito de facilitar a los empresarios la adaptación al cobro del IGTF, sobre todo a las empresas que por lo costoso de su implementación no pueden invertir en las máquinas fiscales.
Pero en la práctica, solo unas pocas empresas han logrado beneficiarse, advierte Polesel. Pues aparte de que el crédito debe pagarse en seis meses, aunque antes se había ofrecido un plazo de 12 meses, el acceso a estos créditos es restringido porque el banco se basa en una gran actividad comercial como condición para otorgarlo pese a que la mayoría de los comercios tienen una actividad comercial en recuperación tras dos años de paralización por la pandemia de COVID-19 y restricciones de combustible.
“Para darte el crédito se basan en tu actividad comercial, y muchas empresas estuvieron durante los dos años de cuarentena cerrados, o trabajando al 10% o 15% de su capacidad”, explicó Polesel.
“Cuando vas a demostrar tus posibilidades de crédito van y te dicen que casi no has vendido… ¡Por supuesto que no hemos vendido igual porque venimos de dos años de pandemia!”, expresó.
Se requiere flexibilización de condiciones para el crédito
Los empresarios requieren créditos porque las impresoras fiscales cuestan más de mil dólares y eso sobrepasa los costos operativos de los comercios, especialmente tras dos años de paralización comercial por la pandemia de COVID-19 y una leve recuperación económica que ocurrió progresivamente el año pasado.
10 de los 21 modelos de equipos fiscales que comercializa el único proveedor autorizado por el Seniat en el país no pueden adaptarse al software requerido para facturar el cobro del IGTF, por eso la mayoría de los comercios denominados sujetos pasivos especiales tienen que reemplazar sus máquinas para recibir pagos en divisas -si quieren permanecer en la formalidad-.
Mientras los comerciantes no se adapten al cobro del IGTF no pueden recibir pagos en divisas y, por lo tanto, perciben menos ingresos porque cerca de 70% de las transacciones que se hacen en el país siguen siendo en moneda extranjera.
Para darte el crédito se basan en tu actividad comercial, y muchas empresas estuvieron durante los dos años de cuarentena cerrados, o trabajando al 10% o 15% de su capacidad” |
“Eso genera el florecimiento de la informalidad, porque nos afecta a los formales y afecta al fisco que deja de percibir el impuesto. No ha sido fácil implementarlo por comprensión y aspectos técnicos”, dijo Polesel.
A mediados de abril, el Seniat anunció la realización de operativos de venta de equipos fiscales a través de un convenio con las empresas autorizadas por la instancia para venderlas a un costo inferior al establecido mientras que el BDV comenzó a otorgar créditos a los empresarios para comprar los equipos: el banco paga la totalidad del precio de la máquina y el contribuyente debe cancelar al banco el crédito en un plazo de seis meses, con una tasa de interés del 16% y comisiones de 3,5%.
La agremiada sentencia que, en líneas generales, la medida no ha facilitado la adaptación al cobro del impuesto a dos meses de la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones en Divisas (IGTF), que se aplicó de forma improvisada.
“Hay cadenas comerciales que requieren hacer una inversión de un millón de dólares. Hay muchas sucursales que tienen que comprar muchas máquinas por sucursal, esa inversión tan grande no se puede hacer de un día para otro, no disponemos de créditos, eso ha complicado mucho la parte técnica de la aplicación”, sostuvo Polesel.
75% de los comercios en el país no se han adaptado al requerimiento fiscal
Polesel señala que hay regiones en las que la implementación del impuesto ha avanzado con mayor rapidez que en otras, pero en todo caso, ninguna región llega al 50% de comercios adaptados al cobro del IGTF.
“Mientras estás más lejos de la capital, es más difícil implementar ese impuesto. Por ejemplo, estados como Delta Amacuro y Mérida, ahí están concentrados la mayoría de los problemas”, dijo refiriéndose a temas técnicos y logísticos como el flujo de caja y el mal funcionamiento de servicios públicos.
A principios de mayo, Fedecámaras Bolívar reportó que 40% de los comercios se han adaptado al cobro del IGTF porque han tenido acceso a créditos. Pero Polesel puntualiza que esa no es la realidad de la mayoría de las regiones.
Las imprecisiones legales que dan lugar a una interpretación ambigua de la norma siguen siendo otro obstáculo para adaptarse al cobro del gravamen.
“Recordemos que esto salió de forma inconsulta y atropellada. No sabíamos interpretar la disposición, el Seniat ha hecho un esfuerzo por hacer talleres con las cámaras de comercio, pero ese proceso es lento. Una vez que hacen el taller y se aclaran algunas dudas es que se puede implementar de alguna manera la aplicación del impuesto”, concluyó Polesel.