sábado, 22 junio 2024
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Conindustria pide revisar ley laboral vigente para adaptarla a condiciones actuales

Debido a la falta de actualización y la retroactividad de las prestaciones sociales, los empleadores terminan refugiados en las bonificaciones para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), solicitó revisar y actualizar la ley laboral vigente en el país, calificándola de obsoleta y desajustada a las realidades actuales.

“Lo que tenemos que hacer es discutir una ley laboral donde nos sentemos todos, incluidos en primer lugar el trabajador, en segundo las empresas y en tercero el Estado”, declaró Pisella durante una entrevista en el programa De primera mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

Explicó que la legislatura actual establece que tanto trabajadores como patronos deben hacer un aporte a la seguridad social, incluyendo las pensiones.

Sin embargo, debido a la falta de actualización y la retroactividad de las prestaciones sociales, los empleadores terminan refugiados en las bonificaciones para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, en lugar del salario, que tenía un efecto retroactivo que el trabajador “no iba a percibir en la semana, los días 15 o los últimos”.

Esto ha resultado en un salario fijo de 130 bolívares base, sobre la cual se calcula el aporte para los pensionados.

Propuestas

Pisella resaltó que la nueva Ley de Protección de Pensiones intenta corregir este desequilibrio al considerar también las bonificaciones no laborales para los aportes, lo que, aunque es positivo para los adultos mayores, impacta en el flujo de caja de las empresas y las coloca en desventaja frente a la competencia informal y los productos importados, que no pagarán dicho impuesto.

Para mitigar estos efectos, lograron reducir el porcentaje de aporte del 15 al 9%, pidieron que la ley sea transitoria y que se abra un debate para adecuar la ley laboral a las condiciones actuales.

Además, que el impuesto al valor agregado (IVA) regrese a 30 días para permitirles un mayor flujo de caja y reducir el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en bolívares del 2 al 0.5%, argumentando que una ampliación de la base de contribuyentes podría mantener la recaudación.

“Hay que buscar una equidad entre ambas cosas. Por una parte, aportar y que se les mejore los ingresos a los pensionados y por la otra, buscar medidas compensatorias de manera que la afectación se disminuya para las empresas”, insistió.

Ajuste salarial

En cuanto a la pregunta de si era más viable aumentar el salario que agregar un nuevo impuesto, Pisella señaló las complicaciones y repercusiones retroactivas que esto conllevaría, indicando que ninguna empresa está preparada para asumir dicho pasivo.

Asimismo insistió en que no es correcto afirmar que los pensionados solo reciben 130 bolívares, ya que también existe un bono adicional de 30 dólares.

De igual manera consideró injusto referirse a los ingresos de los empleados del sector privado únicamente con el monto que reciben de salario, dado que también reciben bonos, ajustados a la tasa cambiaria en dólares para ayudarlos a recuperar sus ingresos.

“Con esto no quiero decir que sea suficiente lo que se le está pagando bajo ningún concepto”, aclaró el directivo de Conindustria.

Agregó que el salario promedio en el sector industrial es de 196 dólares, y que las compañías han aumentado los ingresos a medida que se recupera la capacidad instalada.

“La industria nacional hoy opera apenas 38% de utilización en su capacidad instalada y hay que seguir recuperando”, señaló, recordando que en 2021 el ingreso promedio era de 60 dólares y en 2020 de 40 dólares.

También destacó la desaceleración de la inflación como un factor positivo, mencionando que en los primeros cuatro meses del año se ha mantenido en 6.14%, comparado con el 189% de inflación registrada en 2023.

Concluyó afirmando que la clave para el crecimiento económico es producir y consumir productos hechos en Venezuela, lo cual permitirá generar empleo y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.