Representantes de Conindustria entregaron a la Asamblea Nacional de 2020 un documento con las observaciones al proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Este miércoles se reunieron con diputados de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, la cual inició las consultas sobre este nuevo instrumento legal.
Luigi Pisella, presidente de Conindustria, hizo énfasis en la expectativa que tiene el sector con esta nueva ley, y destacó que esperan que ponga orden y termine con los cobros “exorbitantes” de tributos, entre los cuales se encuentran varios creados por gobiernos regionales. Por otra parte, recordó a los parlamentarios que los industriales se enfrentan a una competencia desleal debido a la importación de una gran cantidad de ítemes de productos terminados que se encuentran exonerados del pago de impuestos.
Entre las propuestas que presentó el gremio empresarial, es que se disminuya a 2% la alícuota del impuesto municipal a la actividad económica de industria, comercio y servicios, la cual se encuentra actualmente en 3%.
“Debemos considerar que un tributo que tome como base los ingresos brutos, está afectando la generación directa de los recursos con los cuales se compran las mercancías, se pagan los sueldos y salarios y se genera la utilidad para realizar las inversiones necesarias para seguir trabajando y generando valor en el país, en función de este aspecto, 3% se consideraría un monto considerablemente alto”, señala el documento entregado por el gremio.
Entre los 52 artículos, distribuidos en siete capítulos, una disposición transitoria, dos disposiciones derogatorias y una disposición final, se establece que los gobiernos regionales deberán consultar al Consejo Superior de Armonización Tributaria cualquier cambio en los impuestos que cobran, ya sea fijación de nuevas tasas o alícuotas y creación de tributos.
Este organismo estará integrado por el ministro con competencia en materia de economía y finanzas, quien lo presidirá; el Seniat, tres gobernadores y tres alcaldes.
En ese sentido, Conindustria solicita la inclusión en este consejo superior de tres representantes del sector privado, con la finalidad de que puedan “aportar conocimientos, experiencias y situaciones del sector empresarial que coadyuve a la consecución de medidas y resultados positivos en este proyecto de ley, su implementación y seguimiento”.
Sobre las tasas de los impuestos por gestión integral de desechos sólidos, el gremio plantea tomar en cuenta la cantidad de desechos que por la naturaleza de la actividad económica se generan, y no por el tamaño del local del negocio como lo es actualmente; esto con el objetivo de “una adecuada contribución para aquellos que más desechos sólidos generan”.
En el encuentro en el Palacio Federal Legislativo, Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas reiteró que el Ejecutivo camina hacia una reforma tributaria que cree un sistema nacional “viable, justo y socialista”. Recalcó que la administración de Nicolás Maduro “hace esfuerzos para normalizar todo el tema impositivo”, dijo según declaraciones publicadas por el portal Efecto Cocuyo.
Dijo que la AN de 2020 está dispuesta a elevar las recomendaciones al Ejecutivo, trabajar en el tema arancelario nacional y cómo puede resultar beneficiada la industria nacional. Expresó que existe coincidencia en darle “la mayor protección” a la industria criolla para que pueda recuperar la normalidad “luego del impacto del bloqueo” y fortalecerse ante la competencia internacional.
Hizo votos además porque este tipo de diálogo se mantenga, así como la “convivencia pacífica y democrática” entre los privados y Miraflores. “Esperamos que ese camino no se rompa en el futuro”, agregó.
A esta consulta pública también asistieron representantes de Fedecámaras y de Consecomercio.
