El régimen de Nicolás Maduro avanza en su intento de aniquilar la dirigencia sindical en Guayana, mediante el uso de fuerzas militares en las diferentes empresas de la región. Este 12 de febrero, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Guardia Nacional y un tribunal desalojaron de su sede al Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac), en el Complejo Siderúrgico Nacional-Planta Casima.
Para el secretario general de Sidernac, Alejandro Álvarez, no es más que una respuesta por las protestas y denuncias de los últimos días, entre ellas la arbitraria detención, por lo menos ocho horas, de dos trabajadores en cuyas oficinas tenían un cartel que decía salario digno. Los funcionarios de la Dgcim no solo cometieron una aprehensión ilegal, sino que amenazaron con más arrestos de continuar las manifestaciones por reivindicaciones laborales.
Adicionalmente, la empresa introdujo un recurso de amparo constitucional en contra del sindicato ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, y alega que las protestas laborales han generado pérdidas millonarias a la estatal, paralizada después de su reciente reactivación en noviembre de 2019, por falta de nitrógeno y oxígeno, gases necesarios para la producción.
“Nuestra empresa viene de estar 29 meses paralizada por la negligencia y desidia de las autoridades. Arrancamos a producir el 27 de noviembre y, cuando lo hicimos, Corpoelec puso una restricción energética de producir solo de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana. Esa producción duró hasta el 21 de diciembre cuando se paró por falta de nitrógeno y oxígeno. Así nos agarró febrero sin esos gases vitales para la producción. Tan pronto lleguen los gases empezamos a producir pero con la exigencia de que necesitamos alimentación y condiciones laborales, por eso quieren acabar con los dos sindicatos que reclaman los derechos laborales de los trabajadores”, explicó Álvarez.
Producción en picada
En 2012, cuando la empresa -entonces Sidetur- aún no había sido estatizada, la producción fue de 257.415 toneladas de palanquillas, equivalente al 57% de capacidad instalada, que es de 450 mil toneladas anuales. Para el año siguiente, ya estatizada, cayó la producción a 253.158 toneladas, el 56% de la capacidad instalada.
Para 2014 la producción cayó a 36%, y en 2015 a 13.31%. Así fue decayendo y en 2016 apenas llegó a producirse el 15.6% de la capacidad instalada, en 2017 solo el 9.9%, y en 2018 llegó a cero. En 2019, cuando reactivaron la planta en noviembre, no llegó al 1%, solo se produjeron 3.800 toneladas de palanquillas.
 La organización Unete rechazó la arremetida en contra de la dirigencia sindical en Guayana |
“En lo que va de año no se ha producido nada, se dejaron de producir 37.500 toneladas de palanquillas que son transportadas a las plantas de Antímano y Guarenas, donde se transforman en vigas, cabillas. Cabe destacar que cuando se para Planta Casima, se paralizan aquellas dos plantas también”, agregó Álvarez, acompañado de miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).
Aprovechó para desmentir al constituyente Ángel Marcano, quien afirmó que las empresas de Guayana están 100% productivas, cuando la realidad es que la mayoría están paralizadas y las pocas que producen lo hacen muy por debajo de su capacidad instalada.
Los ataques a las protestas laborales se han agudizado de manera sistemática. En 2018 detuvieron 14 trabajadores en el contexto de las manifestaciones en defensa de los contratos colectivos y tablas salariales. Entre ellos el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, condenado a cinco años y nueve meses de prisión en un ala militar de la cárcel La Pica, en Monagas.
Asimismo, Ferrominera ordenó el desalojo de la sede sindical en Ciudad Piar. En el caso de la ubicada en Puerto Ordaz, esta fue tomada desde 2019.
La Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Unete, rechazó la arremetida en contra de la dirigencia sindical en Guayana, específicamente por el desalojo arbitrario de la sede sindical en Planta Casima, y el recurso de amparo en contra de los trabajadores.
La antigua Sidetur Planta Casima fue estatizada en 2010 y cambiada su nombre fiscal meses más tarde. Desde entonces, ha sido más el tiempo de paralización que en operaciones por múltiples factores, entre ellos la falta de materia prima, el recorte eléctrico y huelgas laborales por la no discusión del contrato colectivo.
“De esta acción fueron notificados seis de los compañeros que se encontraban en su turno de trabajo ordinario y les informaron que irían por el resto de los compañeros del sindicato, aunque fuese en su casa”, indicó en un comunicado el coordinador nacional de Unete, Servando Carbone.
La organización hace responsable al régimen de cualquier daño físico o psicológico que se le pueda propinar a los trabajadores y dirigentes sindicales.
