lunes, 15 julio 2024
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Centro de Estudios Agroalimentaria alerta al Min-Agricultura riesgo de nuevas olas de invasiones

Arciniega atribuyó esta realidad a la impunidad agraria signada por la acumulación de decisiones administrativas del INTI, y de tribunales agrarios que no son acatadas, ni ejecutadas por demás organismos gubernamentales.

Estamos ante una conjunción de actores delictivos en Venezuela, dedicados a la extracción de madera y minerales, que usan la fachada de movimientos campesinos para ocupar tierras de vocación agraria, afirmó este jueves, Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA).

La afirmación se corresponde con el más reciente informe de esta organización titulado Probabilidad de Ola de Invasiones a Tierras Agrarias, consignado por parte de Arciniega ante el despacho del ministro de Agricultura y Tierra, Wilmer Castro Soteldo, alertando de la enorme probabilidad de que se desate nuevas ocupaciones ilegales en el campo venezolano.

Según destacó el experto agroalimentario los estados donde más se ha recrudecido esta realidad hoy son Falcón, específicamente en su costa oriental, Barinas y Zulia. Sobre este último agregó que la zona de mayor riesgo es el sur del lago de Maracaibo.

De acuerdo a un cálculo de probabilidades, la proyección es cerca de 70% de riesgo en Zulia, mientras que Barinas supone cerca de 72%. En el caso de Falcón, apuntó a cerca de 64% de riesgos de estos hechos irregulares.

Arciniega atribuyó esta realidad a la impunidad agraria signada por la acumulación de decisiones administrativas del Instituto Nacional de Tierra (INTI), y de tribunales agrarios que no son acatadas, ni ejecutadas por demás organismos del Estado.

“Existen decisiones favorables a la ratificación de la propiedad, sin que estas se traduzcan en debido en apoyo institucional del Estado en razón de la concreción de sus propias decisiones”, apuntó.

En este sentido explicó que se registra lo que citó como “casos arquetípicos” como el de la Hacienda Barimisagua, donde se ha reafirmado la propiedad y ordenan que los ocupantes ilegales sean reubicados, sin éxito hasta ahora. “Los obligan a salir por delitos ambientales y contra la propiedad y ninguna de estas decisiones se ejecutan. Estos hechos estimulan la ocupación, extracción y reventa de hierro (…) Sienten que pueden desacatar las decisiones de las instituciones sin costo alguno”, destacó.

Ante estos hechos, y tras señalar que podrían haber cerca de 200 ocupaciones ilegales activas en el país, Arciniega reiteró que es menester que las instituciones del Estado, revestidas de autoridad y legitimidad política, avancen en acompañar a las instituciones administrativas y judiciales.