El gobierno de Nicolás Maduro, a través del nuevo ministro del Trabajo José Ramón Rivero, inició el 21 de mayo reuniones con empleadores y trabajadores como resultado de la presión que ha ejercido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el manifiesto desinterés del Estado venezolano a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de 2019.
Han transcurrido dos encuentros y para este viernes se prevé una tercera reunión, sin embargo, los representantes de las centrales de trabajadores denotan una escasa voluntad de la representación gubernamental de atender los convenios 26, 87 y 144 de la OIT, por lo que plantean el acompañamiento de una comisión de la OIT como garantía del incipiente proceso de negociación.
El secretario general de la Central Alianza Sindical Independiente (Central ASI), José Vicente Rivero, considera necesario que interlocutores de la OIT estén presentes en las mesas de trabajo. “No se puede debatir en un solo día la solución a un convenio de la OIT que lleva más de 20 años de incumplimiento”, sostuvo.
Rivero insiste en la falta de voluntad política para brindar mejoras a los trabajadores en materia social y económica. “Con reuniones en línea de dos o tres horas no vamos a brindar soluciones (…) la idea es que este diálogo brinde soluciones al país”, agregó.
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Si a Venezuela la expulsan de la OIT ¿qué nos va a quedar a los trabajadores?, ¿a qué organismos de control vamos a ir para buscar la solución a los problemas?”. |
La apertura de esta mesa de negociación no fue por simple voluntad del Gobierno nacional. El Consejo de Administración 341 de la OIT instó a la administración de Maduro a convocar un espacio de diálogo social en mayo de 2021, de conformidad con lo recomendado por el informe de la Comisión de Encuesta de 2019.
El informe de 2019 recomienda crear una mesa tripartita que incluya a todas las organizaciones representativas y otra mesa con las organizaciones de trabajadores representativas para tratar los temas que les conciernen específicamente. Asimismo, establecer un cronograma de reuniones con el acompañamiento de órganos de control de la OIT para la supervisión de las discusiones y los progresos alcanzados sobre las recomendaciones planteadas.
Esta es una oportunidad vital para el gobierno de Maduro de empezar a reconocer y cumplir con las recomendaciones de la OIT, sobre todo al incluirse como punto en el orden del día del consejo 343 -de noviembre de 2021- la “consideración de todas las medidas posibles, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT” para que Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Investigación dentro del plazo requerido.
Dicho punto de consideraciones pone sobre la mesa el artículo 33 de la Constitución de la OIT que establece que si un miembro no cumple los planteamientos de la Comisión de Encuestas “el Consejo de Administración recomendará a la conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”, incluida posibles sanciones como la pérdida de asesoría de la organización.
“Ahorita podemos evidenciar que el Gobierno de Venezuela tiene temor al organismo de control de la OIT, porque si no, no se estuviera realizando la reunión”, rescata José Vicente Rivero.
Pese a los nulos correctivos del Gobierno nacional en dos años, el secretario general de ASI apuesta -con el acompañamiento de la OIT- a que las conversaciones permitan alcanzar soluciones sin tener que llegar a mecanismos como el artículo 33, el cual no considera beneficioso para los trabajadores. “Si a Venezuela la expulsan de la OIT ¿qué nos va a quedar a los trabajadores?, ¿a qué organismos de control vamos a ir para buscar la solución a los problemas?”, preguntó.
Panorama desalentador
Servando Carbone, coordinador nacional de la Central Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete), plantea al Gobierno que solicite ayuda inmediata a la OIT para discutir todo lo concerniente al informe de la Comisión de Encuesta, pero considera que a la luz de las evidencias hay poca voluntad para la resolución integral de la causa laboral.
Para Carbone las reuniones dejan pocas expectativas por la línea de desconocimiento que ha mantenido el Gobierno nacional con el informe de la Comisión de Encuestas, inclusive durante las últimas semanas. “Está evidenciado que no van a cumplir absolutamente nada referido a la Comisión de Encuestas”, lamentó.
“El Gobierno no tiene voluntad de discutir”, comentó. “Si no está garantizada la OIT como dice la Comisión de Encuestas, todo lo que haga el Gobierno (en las reuniones) es basura”, comentó.
Para el representante de Unete pese a abrir la mesa de diálogo con empleadores y trabajadores, las pocas garantías de discusión, la falta de incentivos y la línea que ha mantenido el gobierno de desconocimiento del informe, podrían terminar con la aplicación del artículo 33 contra Venezuela en el Consejo de Administración 343 de noviembre.
