El vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Orlando Pérez, confirmó que la organización sindical -cercana al chavismo- entabla conversaciones con el Ejecutivo nacional para llegar a un acuerdo en torno al salario de los trabajadores de la administración pública, a más de 18 meses sin aumento salarial.
En una entrevista para Unión Radio, el dirigente sindical afirmó que se instaló una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno para discutir un ajuste salarial y el convenio colectivo de trabajadores del sector educativo.
Sin embargo, Pérez hizo énfasis en que las conversaciones no se centran únicamente en la remuneración, sino en los beneficios sociales, dando a entender que es más prioritario compensar al trabajador con facilidades para acceder a servicios de salud, banca y obtener una vivienda.
“Instalamos la comisión con el tema no únicamente de la remuneración nominal. También presentamos temas de prestaciones sociales, el banco digital, Seguro Social, vivienda y formación permanente. Hablamos de salario social, que no es el aumento nominal, lo que llega por dinero, sino que hablamos de vivienda, de salud”, argumentó.
El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 declaró que se pretende llegar a un acuerdo para octubre, por lo que es posible que ese mes se produzca algún anuncio relacionado con el salario, primera vez desde que el 1 de mayo Maduro hiciera un ajuste de bonos sin tocar en absoluto el salario, perjudicando los derechos laborales de millones de trabajadores.
“La central se preocupa por la situación. Hacemos todos los esfuerzos para que tenga mejor salario, pero también seguridad social. El Gobierno nacional y la central estamos sentados para buscar una solución para el mes de octubre”, afirmó.
El salario mínimo permanece en 130 bolívares, equivalentes a tan solo 3,92 dólares. A esta cifra se suman los cestatickets indexados -cuando conviene- al valor de 40 dólares y un bono de guerra económica de 30 dólares. En total, un trabajador de la administración pública debería cobrar unos 73 dólares mensuales.
Sin embargo, algunos de estos pagos son irregulares o no son de acceso a todos, ya que el bono se paga mediante Sistema Patria y no todos los venezolanos están registrados. De igual manera, los cestatickets deberían ser 40 dólares, pero en Gaceta Oficial se estipula un monto de 1.000 bolívares que sería “ajustado a discreción del Ejecutivo” y no se ha publicado ningún decreto ajustando la cantidad.
De acuerdo con Pérez, de concretarse un incremento de la remuneración, deben implementarse otras políticas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En este sentido, propuso el control de precios como mecanismo para evitar que la empresa privada incremente el precio de los bienes y servicios que ofrece.
“Tiene que haber un acuerdo con Fedecámaras y los comerciantes porque especulan con los precios. Inmediatamente que hay un aumento los tipos disparan los precios a nivel nacional. Si el aumento se diluye rápidamente, se pierde el esfuerzo del Gobierno y de los sindicatos”, sostuvo.
No obstante, el argumento de Pérez contrasta con la realidad de los salarios en el sector privado, pues la mayor parte de las empresas del país manejan salarios mucho más elevados que los pagados en la administración pública.
El índice de remuneraciones medido por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) se ubicó en un promedio de 161 dólares para el cierre del primer semestre de 2023, lo que se traduce en 117,5% más que el pago del sector público.
Otro medidor importante es el de la Confederación de Industriales Venezolanos (Conindustria), que estudia los salarios en el sector industrial e indicó una media de 189 dólares mensuales, lo que representa 155,4% más que la administración pública.
