La modificación de la Ordenanza para la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos, el desbloqueo del portal fiscal y la revisión y modificación de la estructura tarifaria y criterio de facturación del servicio de aseo urbano en Caroní, son propuestas en las que insiste la Cámara de Industrias, Minería y Servicios Afines del estado Bolívar (Camindustrias Bolívar).
“Queremos ejercer presión para que el Concejo Municipal haga la revisión necesaria de la ordenanza, y la contratación del servicio, para que se puedan fijar las tarifas más idóneas para cada sector, en este caso, el sector industrial por el cuál abogamos. Sobre esto esperamos respuestas inmediatas”, manifestó Juan Pablo París, presidente del gremio.
El gremio reporta que en promedio las pequeñas y medianas industrias trabajan como máximo al 30% de su capacidad instalada, y por lo tanto, no tienen el flujo de caja suficiente para pagar las altas tarifas del servicio de aseo urbano, que superan los mil dólares en función de los metros cuadrados de los galpones.
Ante esta realidad, el gremio propone cancelar tarifas adaptadas a la operatividad de las industrias:
- 50 dólares mensuales como tarifa máxima para empresas que estén trabajando a más del 50% de su capacidad.
- Para las empresas que producen entre 10% y 50% de su capacidad instalada, sugieren una tasa equivalente a 30 dólares mensuales.
- Para las empresas que están operando por debajo del 10% de su capacidad instalada, el gremio sugiere una tasa equivalente a 15 dólares mensuales.
- Para las empresas que utilicen sus galpones como depósitos o almacenes sugieren una tasa de 10 dólares mensuales.
- Para las empresas paralizadas sugieren una tasa equivalente a siete dólares mensuales.
Todo esto por concepto de recolección de residuos y desechos sólidos y mantenimiento de relleno sanitario.
Ni exoneraciones, ni descuentos
Durante una rueda de prensa realizada la tarde de este lunes 20 de marzo, París reiteró que frente a un sector que está 90% paralizado tras la debacle de las empresas básicas, la caída de la industria petrolera y la pandemia por COVID- 19, 70% de descuento en las tarifas del privatizado servicio de aseo urbano prestado por Fospuca Caroní, no solo es insuficiente, sino que no soluciona los problemas estructurales que aquejan al sector privado desde la implementación inconsulta del servicio.
Durante la instalación de la comisión mixta para evaluar las tarifas del sistema mixto de aseo urbano en Caroní, el alcalde Tito Oviedo anunció que las empresas que no declararon y pagaron impuestos municipales por el bloqueo del portal fiscal como consecuencia de falta de pagos a Fospuca Caroní quedan exoneradas de la multa correspondiente.
Los industriales aseguran que esta medida es insuficiente en tanto el pago de servicios públicos siga siendo un requisito para declarar y pagar impuestos municipales establecidos en la ordenanza.
Sin una modificación de ley no habrá verdadero consenso
Hasta el momento, la Alcaldía no ha llegado a acuerdos con el sector empresarial más allá de convenios de pago válidos por un año, y exoneraciones temporales a multas para acelerar el proceso de solvencia.
“El alcalde nombró la palabra acuerdos, pero no hemos llegado a acuerdos con la Alcaldía ni con Fospuca. Solo hubo anuncios de descuentos que ya se habían ofrecido”, aclaró París.
La posición de la cámara es contundente: sin una modificación de la ordenanza – y por lo tanto derogación del decreto de las tarifas -, no habrá un verdadero consenso en el que se fijen montos ajustados a la realidad de cada sector.
Y es que todas las propuestas presentadas pasan por una necesaria modificación de la ordenanza, cuya reforma fue aprobada por mayoría en octubre de 2022.
La modificación de la ordenanza le dio la potestad al alcalde para fijar tarifas sin consultar a la Cámara Municipal, cambió la forma en la que se cobra el servicio de recolección de basura e impuso la Solvencia Única Municipal, que es la obligatoriedad de pagar los servicios públicos como requisito para poder declarar impuestos o acceder a beneficios fiscales.
El gremio insistió en la necesidad de modificar la estructura de cálculo de tarifas en función del volumen o peso de la basura generada, o por la declaración de ingresos de cada empresa, como estaba establecido en la ordenanza antes de las modificaciones de los años 2020 y 2022.
La Alcaldía de Caroní debe diseñar un modelo de gestión de desechos sólidos en el que participen todos los sectores de la sociedad civil, amparados por un decreto previamente sometido a revisión.
Una estructura de costos por verificar
Camindustrias señala que la Alcaldía impuso tarifas sin un estudio previo de cuánta basura se genera en el municipio, y cuál es la operatividad y capacidad de pago de las empresas y sectores residenciales.
El sistema funciona divorciado de la realidad económica del municipio toda vez que se imponen tarifas que no se justifican sobre la base de una estructura de costos sometida a revisión.
Para ilustrar esto, París puso como ejemplo las tarifas del servicio de recolección de basura prestado en el municipio Iribarren ubicado en el estado Lara: su capital, Barquisimeto, es la tercera ciudad más poblada de Venezuela. Ahí, Fospuca opera con menos maquinaria que en Caroní, asume la totalidad del servicio de aseo urbano y tiene tarifas más bajas en comparación con Ciudad Guayana.
“Este es el único municipio con sistema mixto, allá (Iribarren) hay 30 compactadoras, aquí hay 52… ¿De verdad necesitamos 52 equipos de recolección? Evidentemente esos costos pueden bajar, hay que llegar a consensos donde la Alcaldía entienda que Caroní no está en condiciones para asumir esa estructura de costos. Con esas tarifas el servicio es impagable”, sentenció la autoridad gremial.
La Alcaldía de Caroní debe diseñar un modelo de gestión de desechos sólidos en el que participen todos los sectores de la sociedad civil, amparados por un decreto previamente sometido a revisión
Camindustrias Bolívar también comparó los costos del servicio prestado en una ciudad donde Fospuca no es la compañía que presta el servicio, como Lechería, en el estado Anzoátegui, en donde el sector industrial paga como máximo 50 dólares mensuales o 0,80 petros.
“Nosotros no estamos preguntando cuál es la estructura de costos de la empresa, preguntamos cuál es el costo real del servicio en una ciudad como esta (Ciudad Guayana) con las condiciones y el contexto particular de esta y hay suficientes profesionales que pueden hacer ese cálculo”, manifestó por su parte Omar Martínez, afiliado de Camindustrias Bolívar.
Martinez insistió en que la Alcaldía implementó el sistema de aseo urbano sin un estudio de análisis de precio unitario con el que comparar el establecido por Fospuca Caroní.
“Si la compañía es capaz de bajar el 70% de la tarifa y exonerar al sector residencial, ¿cómo va soportar eso?”, cuestionó.
Nulidad de convenios de pago
Los industriales proponen que el cobro del servicio sea asumido por la Alcaldía a través de una tasa municipal con el fin de que los recursos obtenidos por el servicio se utilicen de forma inmediata, y los pagos se realicen a través de cuentas bancarias y otros métodos de pago que estipule la Alcaldía.
De la misma forma, solicitan la nulidad de los contratos y convenios firmados con Fospuca Caroní, por cuanto la naturaleza del contrato del servicio es pública, y no privada. Y considerando que el proceso de licitación y contratación del servicio carece de transparencia.
“Genera desconfianza tener que firmar directamente un convenio de pago con Fospuca cuando el contrato es entre la Alcaldía y Fospuca. Si la empresa presiona de forma legal demandando a quienes no han firmado convenio, el miedo es que si firmas esto te ate legalmente cuando no contrataste el servicio. Eso no está claro, se hablará en la mesa de trabajo, y solicitamos que sea lo antes posible porque el empresariado no puede esperar que se sigan acumulando deudas, y se haga cada vez más imposible que se pongan al día”, manifestó la autoridad gremial.
El sector maniobra en medio de una producción que experimenta una reactivación mínima alimentada por el proyecto de sustitución de importaciones que dependen de anticipos y pagos a tiempo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
