sábado, 22 junio 2024
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Camcaroní: “La contribución para Ley de Pensiones es discriminatoria y regresiva”

El presidente de Camcaroní, Raúl Gil, aseguró que la implementación de este aporte se traducirá en precios más altos para los productos terminados, siendo el más afectado el consumidor final.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), Raúl Gil, consideró en entrevista con este medio que la contribución exigida por la recién sesionada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista es de carácter discriminatorio, por afectar solo a la empresa privada, y representa una contribución regresiva.

“Es una ley discriminatoria porque afecta directamente a las empresas privadas. La empresa privada que además de pagar un Impuesto Sobre la Renta del 34%; pagar impuestos municipales; pagar 16% de IVA; pagar impuestos parafiscales como el Seguro Social del 9%… Esto influye directamente al flujo de caja y al capital de trabajo mensual que tienen las pocas empresas que quedan”, afirmó Gil.

La alícuota que deberán pagar las compañías privadas para sostener las pensiones ante la incapacidad del Estado de garantizar este beneficio será del 9% del total de sus nóminas, teniendo en cuenta, según el artículo 7 de la ley, el ingreso mínimo como referencia para calcular el monto total, ya que el salario mínimo permanece en 130 bolívares, según Gaceta Oficial número 42.880.

Este martes, Fedecámaras nacional emitió un comunicado en el que solicitan generar incentivos para el empresario y tomar en cuenta una serie de solicitudes, como exentar del pago a empresas estratégicas como las del área salud o educación.

Gil refirió, tal como otros especialistas, que los empresarios ya hacen un aporte del 9% al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) lo que implica que esta contribución es un adicional a la ya exacerbada lista de contribuciones que debe hacer el sector empresarial.

“Esta contribución tendrá un efecto regresivo. ¿Qué significa eso? Que no va a reactivar la economía, no crea empleo y las empresas van a tener que sentarse a analizar sus estructuras de costos y cómo canalizar este 9% dentro de su estructura. Toda empresa, sea comercial o de servicios, tiene una estructura de costos. Dentro de eso están los costos directos, que es la mano de obra directa. Si es el 9% sobre lo que se paga, de acuerdo a la providencia administrativa, sobre los sueldos declarados ante el Ministerio del Trabajo, pero además incluye las remuneraciones no salariales. Esto implica que todo lo que paga el patrono como bonificaciones tienen que incluirse. La mayoría de las empresas no paga salario mínimo, sino bonos de producción. Los empresarios tendrán que sentarse con sus asesores financieros y visualizar. Esta ley es sancionatoria, establece sanciones hasta mil veces lo dejado de pagar. Hay sanciones muy altas. Hay que hacer análisis de costos para poder imputar esta nueva contribución”, expuso Gil.

Incremento de los productos terminados

Especialistas y representantes del gremio empresarial han señalado que esta nueva contribución, a pesar de incidir en los empresarios, representará un aumento del precio de los productos terminados y servicios, puesto que los comerciantes deberán ajustar sus precios para poder hacer frente a este nuevo gasto.

Gil refirió que “el empresario trasladará esto al precio de venta del producto que comercializa, a pesar de que la ley establece que será 100% deducible del Impuesto Sobre la Renta, eso se trasladará al precio de venta. El costo más la utilidad da el precio de venta. Ese 9% se reflejará en el costo del servicio, producción o costo de venta. Júrenlo, que ese 9% será trasladado al consumidor final”.

Sobre la necesidad de mejores condiciones de vida para los jubilados, el representante del gremio empresarial señaló que las políticas económicas para mejorar esta situación deben ser integrales.

Asimismo, Gil cuestionó que la normativa tome como base para el cálculo del tributo el ingreso mínimo nacional (artículo 7), figura que realmente no existe en la legislación nacional.

Entre las recomendaciones de Fedecámaras está la eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (ITG) para bajar el índice de tributos, así como la creación de políticas que incentiven el cumplimiento de la normativa. Hasta el momento solo los emprendimientos registrados estarán exentos de esta contribución.