La Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar realizó una Propuesta al Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Agua y Saneamiento que será sancionada por el Consejo Legislativo, para abordar las deficiencias en estos servicios esenciales.
La propuesta toma en cuenta los avances significativos que debe haber en la materia, y los desafíos importantes que deben analizarse para garantizar la efectividad de la ley.
El presidente de la cámara, Julio César Díaz, explicó que la propuesta subraya la importancia de contar con una normativa que regule y amplíe el acceso al agua y saneamiento en el estado Bolívar.
Destacó que servicios como estos no solo son básicos, sino que también influyen directamente en la salud pública, la protección del medio ambiente y la equidad social.
Es por ello que piden incorporar principios como universalidad, justicia, equidad y eficiencia económica en el instrumento, los cuales consideran fundamentales para garantizar el acceso equitativo a toda la población al agua potable.
No obstante, advierten que la implementación efectiva de estas garantías depende de una estructura administrativa clara y mecanismos bien definidos.
Díaz indicó que el actual proyecto carece de un capítulo específico que regule cómo debe notificarse a los usuarios los cobros, suspensiones o canalizarse los reclamos, falta de claridad que considera puede generar conflictos y pone en riesgo la validez de dichas notificaciones.
“Aunque el proyecto enfatiza la equidad en el acceso, no establece una metodología clara para evaluar la capacidad económica de los usuarios. Entre las propuestas sugeridas se encuentran: Declaraciones de ingresos de los usuarios, auditorías e inspecciones, y el uso de datos estadísticos proporcionados por organismos gubernamentales. Sin estas herramientas, se dificulta la justa distribución de tarifas en un contexto de inestabilidad económica”, aseguró.
Agregó que el artículo 70 condiciona el acceso a la justicia y el agotamiento de la vía administrativa, lo que contradice principios constitucionales que garantizan un acceso rápido y efectivo a la justicia.
Otro aspecto que destacó el empresario es que la propuesta de utilizar unidades tributarias para sanciones, enfrenta críticas por ser incompatible con normativas nacionales. En su lugar proponen el uso del tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, lo que permitiría una mayor estabilidad y claridad.
Afirmó Díaz que uno de los mayores obstáculos para la aplicación de esta ley es la ausencia de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua y Saneamiento, organismo clave para su regulación.
La delegación de sus funciones a Hidroven ha demostrado ser insuficiente, por lo que urge la creación de esta entidad fundamental para supervisar la calidad del servicio, fijar tarifas justas y garantizar un marco regulatorio sólido, entre otros aspectos.
El gremio sugiere la creación del Reglamento para la Ley Orgánica ya que la falta de reglamentación genera incertidumbre jurídica, pues aseguran que es necesario establecer directrices claras para todos los actores involucrados.
“Es importante adaptar las disposiciones del proyecto a los principios constitucionales, eliminando requisitos innecesarios como el agotamiento de la vía administrativa”, dijo Díaz.
La cámara considera que el Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Agua y Saneamiento en el estado Bolívar representa un esfuerzo significativo por mejorar servicios vitales. Sin embargo señalan que enfrenta vacíos legales, institucionales y operativos que deben abordarse para garantizar su éxito.
