Los estados y municipios de Venezuela están intensificando sus esfuerzos para aumentar la recaudación tributaria antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria el 8 de noviembre, según Daniel Betancourt, abogado y experto de Derecho Tributario y Derecho Administrativo.
Indicó que el impulso responde la necesidad de ajustar los instrumentos fiscales y reducir las tasas impositivas para alinearlas con la nueva legislación tributaria. El abogado también hizo hincapié en que la recaudación fiscal en Venezuela ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años, citando cifras proporcionadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Según el abogado, la recaudación acumulada en el año asciende a 71 millones de petros, equivalentes a varios millones de dólares, una cifra inédita en comparación con los años anteriores, cuando se recaudaban alrededor de 500 millones de dólares al año en 2018 y 2019.
Betancourt plantea la pregunta de por qué ha aumentado la recaudación, especialmente en comparación con los 31 millones de petros recaudados en 2022, que se ha duplicado para septiembre de este año. El abogado sugiere que este incremento podría estar relacionado con una mayor presión fiscal y el deseo de los recaudadores de obtener mayores ingresos tributarios, dado que la actividad económica no ha experimentado un crecimiento masivo.
Es importante destacar que las cifras proporcionadas por el superintendente se refieren únicamente a la tributación nacional y no incluyen las cifras de los 335 municipios y los 23 estados, lo que sugiere que la presión fiscal podría aumentar aún más en el futuro.
La fecha estimada para la entrada en vigencia de la Ley de Armonización Tributaria es el 8 de noviembre, luego de que el pasado 10 de agosto la Asamblea Nacional indicara que esta ley estaría vigente después de transcurridos 90 días continuos siguientes a su publicación.
Entre los cambios más significativos de dicha ley se destaca la creación de un beneficio en forma de reducción de hasta 30% en el impuesto sobre actividades económicas industriales, comerciales, servicios y de índole similar. Es aplicable a aquellos contribuyentes que lleven a cabo actividades que contribuyan al mantenimiento de áreas públicas, entre otros supuestos.
También establece una vigencia mínima de 3 años a las licencias o autorizaciones para el ejercicio de las actividades económicas industriales, comerciales, servicios y de índole similar.
Prohíbe la recolección de tributos en monedas distintas al bolívar, mientras que fija la determinación del gravamen al tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el BCV. También fija un máximo de 3% a la alícuota del impuesto municipal a la actividad económica de industria, comercio, servicios o de índole similar. Excepcionalmente podrá incrementarse a 6.5% para determinadas actividades.
Asimismo establece a los avalúos catastrales como parámetro para la determinación de tributos, así como la creación de un Consejo Superior de Armonización Tributaria para supervisar la actividad tributaria.
