jueves, 25 julio 2024
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12 meses detenidos: el saldo que el derecho a huelga le cobró a Guayana

Organizaciones no gubernamentales y laborales han alzado su voz para reclamar lo que aseguran, ha sido un proceso que violenta todas las garantías constitucionales y el debido proceso.

12 meses exactos se cumplieron este 11 de junio desde la detención de Leonardo Azócar y Daniel Romero. Sidoristas, sindicalistas y defensores de derechos laborales que, sin previo aviso y de forma irregular, fueron apresados por los cuerpos de seguridad del Estado el 11 de junio de 2023, para trasladarlos a Caracas.

¿El delito? Su participación en una huelga laboral que duró 7 días para exigir mejores sueldos en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Para los primeros días de huelga, Leonardo Azócar, secretario de trabajo y reclamo del sindicato de la estatal, denunció a este medio que el Estado usó a los cuerpos de seguridad para intentar disipar la protesta llegando a amenazar al delegado sindical, Daniel Romero.

Tras 7 días de huelga, los más de 200 trabajadores que participaron en esta iniciativa denunciaron que, de un momento a otro, Azócar y Romero habían desaparecido.

Familiares confirmaron que nunca se les informó de la detención y fue tras 10 días de desaparición que las autoridades confirmaron las aprehensiones, mientras que, en el marco de estas acciones represivas, 19 trabajadores recibieron medidas cautelares por su participación en las actividades de protesta.

Han pasado 12 meses desde entonces. Organizaciones como Provea han venido denunciando las múltiples irregularidades que existen en el caso, empezando por el traslado de los sindicalistas a la ciudad de Caracas, donde no les permitieron ver a sus familiares por más de 15 días.

Un año de violación continua al debido proceso

El abogado de Provea, Eduardo Torres, quien lleva el caso, informó este martes sobre la entrega de una documentación en el Palacio de Miraflores, donde abogan por la libertad de los trabajadores. Durante este año de privativa de libertad, en Guayana se han llevado a cabo al menos 5 protestas para pedir la liberación de los sidoristas.

“Hoy 11 de junio se cumple un año de la detención de los dirigentes sindicales Leonardo Azócar y Daniel Romero. Como parte de las acciones que se están realizando, hoy aquí nosotros consignamos una comunicación dirigida al presidente Nicolás Maduro con copia a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre otras autoridades, la cual está respaldada por cerca de 600 dirigentes sindicales. Aquí se exige al Estado que proceda a conceder libertad plena a los dirigentes sindicales injustamente presos en Venezuela. No puede ser que por exigir respeto a la libertad sindical se haya detenido y abierto procesos judiciales contra estos compañeros”, expresó Pedro Euse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV).

 

Organizaciones como Provea han venido denunciando las múltiples irregularidades que existen en el caso, empezando por el traslado de los sindicalistas a la ciudad de Caracas, donde no les permitieron ver a sus familiares por más de 15 días.

 

En horas del mediodía, un grupo de trabajadores se presentó ante la sede de la Fiscalía General de la República, en Caracas, para sumarse al petitorio de libertad, tomando la vocería Wilmayra Ríos, representante del Comité por la Libertad de los Trabajadores.

“Hay una violación sistemática del derecho del debido proceso. Daniel y Leonardo fueron privados de libertad el domingo 11 de junio en horas de la noche. Estuvieron primero 10 días incomunicados. El 19 de junio un grupo de compañeros acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir que dieran noticias sobre la vida de los compañeros y pudimos confirmar que estaban recluidos en el Dgcim de Caracas. Cuando a ellos los detienen, no hay orden de captura, los incomunican. Otra cosa es que los alejan, ellos son de Puerto Ordaz y los traen a Caracas. En el caso de los compañeros, la audiencia preliminar se hizo más de cuatro meses después de su detención. El 19 de febrero de este año, fueron trasladados a una cárcel de presos comunes”, denunció Ríos.

Desde Bolívar, el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar), Fidel Brito, ha entregado numerosas solicitudes de libertad para los detenidos sin que haya alguna respuesta por parte de los tribunales de la localidad.

Familiares piden traslados médicos

Los dirigentes fueron recluidos durante los primeros meses de detención en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del área metropolitana de Caracas II, área de máxima seguridad, ubicado en Boleíta Norte.

Sin embargo, para el mes de febrero de este año fueron trasladados a la cárcel El Rodeo I, donde permanecen sin tener avance en sus casos, debido al retardo procesal. Según parientes de Azócar, los testigos del caso no se presentan a las audiencias, retrasando el proceso.

Ante esto, los familiares denunciaron a este medio las malas condiciones a las que están sometidos los dirigentes. Angélica Serrano, esposa de Daniel Romero, ha alzado su voz en múltiples oportunidades para exigir que se les permitan traslados médicos, ya que el estado de salud de Romero ha desmejorado considerablemente.

Las denuncias coinciden con el contexto que se ha suscitado en el país durante los últimos días, en los cuales privados de libertad de más de 50 centros penitenciarios en el país, iniciaron actividades de protesta y huelga de hambre para exigir el cese del retardo procesal y mejores condiciones de detención.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha venido denunciado las malas condiciones de vida a la que son sometidos los privados de libertad, debido al hacinamiento, mala alimentación y falta de atención médica.

De acuerdo a un informe presentado por esta organización, para 2022 el porcentaje más elevado de fallecidos en las cárceles fue por motivos de salud.