Su detención acaeció después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles del “patrimonio ilícito” de Saab.

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El Gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos (EE. UU.) del empresario colombiano Alex Saab, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.

El Ejecutivo avaló la extradición de Saab sobre la base de “la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República (PGR)”, enviada el pasado día 8, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de este país insular de África occidental). Su aprehensión responde a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición de Saab por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Tiene plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

Saab puede apelar la extradición ante el STJ

Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del Gobierno.

Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ). También, en última instancia, puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”. Así lo aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.

Luego de la detención del presunto testaferro, del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, su administración indicó que Saab es un ciudadano de ese país y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país.

La defensa de Saab argumenta que el empresario “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.

Baltasar Garzón en el equipo de Saab

En ese argumento se basarán los procedimientos del exjuez español Baltasar Garzón para defender a Saab ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, luego de incorporarse al equipo legal del empresario, señaló Pinto.

El exjuez, que ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EE. UU. y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab”, explicó Pinto a Efe este lunes.

Garzón también intentará abrir “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab. La reclamación se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Para conseguir sus objetivos, Saab contrató un amplio consorcio de abogados. Este incluye, además de Pinto y otros letrados caboverdianos, a reconocidos especialistas internacionales como el propio Garzón. También forman parte el holandés Rutsel Martha (exdirector de asuntos legales de Interpol) y la ucraniana Maryna Pogibko, experta vinculada a la firma británica Amadeus en Londres.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL). Esta es acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Supuesto blanqueo de dólares

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.

Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido. Les acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EE. UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses. Es por este motivo que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Su detención acaeció después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles del “patrimonio ilícito” de Saab.

Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.

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