Luego de haber sido esclavizados por el socialismo del siglo XXI, deberíamos pensar en el qué hacer cuando esto pase. Incluso, deberíamos tener a la mano argumentos muy convincentes para exigir una ruptura radical con este estado de cosas.

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Soñar no cuesta nada. Pero tenemos el deber moral de visualizar las condiciones en las que podemos garantizar un país mejor. Si, mejor que el fraude populista, la ruina socialista, el autoritarismo comunista y la irresponsabilidad con la que se ha entregado Venezuela a una subasta a favor de un ecosistema criminal que se está jugando a los dados porciones de territorio y de los recursos del país. Si, mucho mejor que esta inestabilidad constante, esta negación perenne de un futuro que no se puede conjugar, porque sin reglas claras, derechos de propiedad vigentes y seguridad ciudadana garantizada todo se traduce en llanto y crujir de dientes. Si, mucho mejor que la factura propositiva de la clase política venezolana, cuyo pedigrí socialista no les permite sino pensar en términos de gobierno extenso, mucho poder en manos de los burócratas y toda la capacidad de maniobra para resguardar al gobierno a pesar de que por esa razón se atropelle al ciudadano. Si, mucho mejor que el lodazal de la complicidad, la corrupción, los malos manejos y el tener que tolerar sin rechistar el enriquecimiento inexplicable de los que deberían ser funcionarios y servidores públicos probos y modestos. Si, mucho mejor que la ruina de las universidades, la desbandada de profesionales, la descapitalización del talento, y el deterioro del salario.

Pero para tener un país mejor tenemos que intentar rupturas radicales con lo que hasta ahora hemos sido, pero también como hasta ahora hemos concebido el país. John Rawls diría que tendríamos que comenzar a ser racionales y razonables. Se es racional cuando se conciben y se persiguen los bienes particulares sin que medie coerción alguna ni patrón impuesto por otra fuerza o capacidad que la propia. El hombre racional aspira a ser libre y entiende que su libertad no es otra cosa que el intentar realizar el propio proyecto de vida, siempre y cuando ello no signifique desmejorar o afectar a nadie. Se es razonable cuando se tiene un sentido del deber y de la justicia, cuando se ejerce la ciudadanía, se practica la compasión como valor personal y se exige al mandatario que se concentre en la tarea de garantizar a todos el bien común, entendido como (1) el disfrute de las libertades básicas a la vida y a la propiedad, (2) la libertad de trabajo y de movimiento, porque nadie debería verse en condición de esclavitud o confinamiento, (3) el relevo y la alternancia democrática que permitan a todos los que se lo propongan el ejercer cargos de responsabilidad, (4) la garantía social de que cualquiera pueda generar ingresos y riquezas y, (5) una vivencia social que garantice las bases de la dignidad de la persona y el autorrespeto.

Los buenos proyectos aseguran la libertad. Los malos proyectos arman ingenierías sociales insostenibles, con estados extensos y entrometidos, que al final son tan costosos que terminan allanando las posibilidades de los ciudadanos. Por eso mismo, luego de haber sido esclavizados por el socialismo del siglo XXI, deberíamos pensar en el qué hacer cuando esto pase. Incluso, deberíamos tener a la mano argumentos muy convincentes para exigir una ruptura radical con este estado de cosas. Los que prometen encargarse del país sin romper con el socialismo del siglo XXI nos están ofreciendo cambiarnos unas cadenas oxidadas por otras relucientes. No hay forma alguna de administrar el socialismo en beneficio de los ciudadanos. Los que digan que si pueden que digan cómo con el mismo diseño destruccionista pueden estabilizar la economía, resolver el colapso de los servicios y generar confianza estable para que vengan nuevas inversiones. O cómo pueden recuperar al país del clima de inseguridad, violencia e impunidad que suma cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Que traten de convencernos de cómo van a lidiar con una nómina de más de tres millones de empleados públicos y un desempleo en el sector privado que es inconmensurable. O cómo van a convencernos de que un nuevo bolívar puede ser más eficaz que una dolarización que reconozca el derecho de los venezolanos a no dejarse robar el producto de su trabajo y sus esfuerzos para ahorrar algo. Nada de lo que hasta ahora se ha intentado sirve. Hay que desecharlo.

Recuerden siempre que los buenos gobiernos trabajan con tres prioridades que no son ni siquiera conmutables: Trabajan primero que nada para garantizar la vigencia de la libertad. En segundo lugar, se proponen generar un marco de condiciones que permitan la igualdad de oportunidades, y eso solamente es posible mediante estado de derecho, reglas del juego claras, y la evitación de relaciones clientelares y el establecimiento de privilegios. Reglas claras, pocas reglas, y la preeminencia de la lógica del servicio público por encima de cualquier pretensión de poder. En tercer lugar, para generar nuevas oportunidades a los que tienen menos capacidad de origen para hacerlo por su propia cuenta. Es lo que John Rawls llama el “principio de la diferencia”, que se debe practicar sin afectar ni la libertad ni las reglas del juego institucionales. A ningún gobierno le debería estar permitido juguetear con el populismo, practicar la demagogia, y ofrecer lo que no puede pagar sin violentar el derecho de los demás.

Estas consideraciones deberían conducirnos a ciertas exigencias concretas. La primera de ellas, un gobierno limitado a lo básico. La segunda, una economía libre de la manipulación monetaria populista, preferiblemente dolarizada. La tercera, un país sin empresas públicas y sin caer en la demagogia barata de que hay unas que son estratégicas y que deben por lo tanto estar en manos del Estado. La cuarta, “despatrimonializar” al Estado venezolano y dejar de verlo como el dueño exclusivo de los recursos del país. No solamente porque eso aplasta al ciudadano, sino porque esa es la causa raíz de la corrupción y el autoritarismo en el ejercicio del gobierno. La quinta, un país desregulado, derogando toda la legislación del socialismo del siglo XXI. La sexta, un país sin censura, sin adjetivos a la libertad de expresión, sin entidades y agencias reguladoras, y con un gobierno sin la posibilidad de cerrar emisoras, canales de TV o bloquear redes sociales.

La séptima, una economía de libre mercado con respeto por los derechos de propiedad. Sin proteccionismos inexplicables ni ventajas a empresas nacionales. Ni subsidios ruinosos, ni tarifas o precios controlados. Competencia plena a favor del ciudadano consumidor. La octava, un mercado laboral desregulado, que priorice y favorezca las nuevas inversiones, revitalice el ánimo emprendedor y la generación de nuevos empleos bien remunerados. La novena, nuevas reglas del juego democráticas que respeten la autonomía de los poderes públicos, seleccionen a sus integrantes por probidad y credenciales y no por cupos partidistas, y en donde nunca más haya reelección para los cargos ejecutivos. Descentralicemos el gobierno, apostemos a las instituciones y deroguemos los caudillismos.

La décima, un mercado político abierto a todas las opciones democráticas, pero restringido para el socialismo autoritario, violador de derechos, saqueador del país y socio principal del ecosistema criminal. Undécimo, un gobierno que practica la subsidiariedad pero que renuncia a ser hegemónico en ningún sector o territorio. Se debe innovar en soluciones eficaces para que todos los ciudadanos acceso a servicios públicos de calidad, tomando en cuenta que solamente las sociedades que producen riqueza y bienestar son capaces de atender bien los requerimientos de sus ciudadanos. Duodécimo, un país que es compasivo con los miembros de la sociedad menos favorecidos, pero cuyo propósito no es hacer demagogia con la pobreza de sus ciudadanos sino producir condiciones para que ejerzan su derecho a ser libres, construir sus proyectos de vida y ser beneficiarios de un país de oportunidades.
Por eso, cuando se habla del cese de la usurpación, primer paso lógico e inconmutable, se tiene que referir a una ruptura histórica con las bases concretas del socialismo, el caudillismo, el populismo y el patrimonialismo. Un gobierno de transición tiene que enfocarse en medidas de corto plazo para restaurar las libertades perdidas, restituir la justicia, recomponer transitoriamente los poderes públicos, y concentrarse en posibilitar elecciones libres y competitivas. Solamente cuando tengamos un gobierno democrático y legítimo podremos refundar el país y conducirlo por la ruta de la libertad y la prosperidad.

En el transcurso hay que cuidarse de las viudas del estatismo, y de los nostálgicos del populismo socialista. No hay atajos al replanteamiento radical de nuestras reglas del juego. No solamente porque vamos a recibir un país saqueado, sino porque no merecemos volver a comenzar una etapa de lo mismo que nos ha conducido hasta aquí. El desafío es no volver a endosar a nadie la garantía de nuestras libertades. Nadie es lo suficientemente confiable. Nadie merece tener tanto poder como para hacer con la sociedad lo que se le antoje. Tampoco una mayoría que siempre va a ser circunstancial. Por eso los consensos y los mandatos tienen que ser claros: gobierno limitado y gobernantes por tiempo limitado. Poder limitado, rendición de cuentas ante poderes públicos independientes, y responsabilidad ante tribunales competentes y probos. Porque el poder es una tentación peligrosa y muy fácil de corromper.

Lamentablemente estamos lejos del cese de la usurpación. Los mandatarios que elegimos para la tarea (el inefable G4 y su carnal el Frente Amplio) nunca asumieron como propio el proyecto de superar el socialismo. Lo de ellos siempre fue intentar, mediante diálogos, negociación y negociados, intentar una connivencia más amable para todos ellos. No tuvieron el coraje de intentar la ruptura, sino que pretendieron un mero e irrelevante relevo en las posiciones. Se nota con doloroso esplendor en la gestión de Citgo, Monómeros Colombo-Venezolanos, Alunasa, la ansiosa trama alrededor del pago de los bonos, la precoz intentona de refinanciación de la deuda y los malos manejos de los fondos (muchos o pocos) para la ayuda humanitaria. El poder corrompe, por eso lo mejor es conferir poco poder al mandatario y exigirle rendición de cuentas, cosa que inexplicablemente rehúyen nuestros líderes políticos. Esa es, precisamente, la premisa de los totalitarios que dicen ser los heraldos de la libertad, pero que en realidad la extinguen; dicen respetar la propiedad, pero lo que verdaderamente hacen es expoliarnos a todos. Porque su proyecto no es otro que su propio poder ilimitado, a veces disfrazado de “justicia social” que no es tal cosa, que no existe en realidad, porque sin libertad todo lo demás es imposible.

Pero advierto, el proyecto y el desafío de la libertad no se agota ni se extingue con el fracaso real o aparente de Guaidó. Si fracasa, fracasan él y la plataforma que lo hizo venirse abajo, pero de ninguna manera el país. Los ciudadanos seguiremos intentándolo, tal vez con más heridas y muchas cicatrices, pero con más claridad de propósitos. Si fracasan ellos vendrán otros por la revancha. Así que adelante porque como lo dijo maravillosamente Jorge Luis Borges “Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos”.