En el grupo de sancionados, cuatro están directamente implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, quien murió en junio bajo la custodia de las autoridades venezolanas.

Bruselas.- Los veintiocho impusieron este viernes sanciones a siete agentes de la Inteligencia venezolana por “graves violaciones de los derechos humanos”, incluido torturas, uso excesivo de la fuerza y maltrato a detenidos, cuatro de ellos directamente implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, quien murió en junio bajo la custodia de las autoridades venezolanas.

Las sanciones -que implican la congelación de sus bienes y activos bajo jurisdicción europea y la prohibición de entrada en la Unión Europea y han sido aprobadas formalmente este viernes por los veintiocho- han entrado en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial europeo.

En concreto, el bloque ha sancionado al mayor de la Guardia Nacional, Néstor Blanco Hurtado; al director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Rafael Ramón Blanco Marrero, uno de los cuatro agentes relacionados directamente con la muerte del capitán Acosta, y al alto mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Carlos Calderón, así como al jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Alexis Enrique Escalona Marrero, que fue jefe del Comando Nacional de Secuestros.

Los veintiocho también sancionaron a otros tres mandos responsables de la muerte del capitán Acosta. Se trata de los agentes del Sebin, Rafael Antonio Franco Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares, que ejercieron ambos como jefes de Investigación de la Dgcim, y del director de Asuntos Especiales de la Dgcim, Alexander Enrique Granko Arteaga.

La UE ya denunció “la trágica muerte del capitán Acosta mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela” como “un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos” en el país y respaldó los hallazgos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en cuyo reciente informe “confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas de Venezuela”.

“A la luz de la grave situación que persiste en Venezuela, de la que también ha informado la Acnudh, y la responsabilidad de las graves violaciones de los derechos humanos, en particular la tortura, cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de Inteligencia de Venezuela en apoyo al régimen, siete personas deben ser incluidas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas”, justificó la UE.

Con esta decisión, el número de altos cargos venezolanos, políticos y militares sancionados por la UE se eleva a 25, entre ellos el número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Los veintiocho impusieron en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a estos. Las sanciones han sido prorrogadas, un año más, hasta el 14 de noviembre de 2019.

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