La coalición reiteró su disposición a “adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.

El Grupo de Lima ha expresado este lunes su disposición a adoptar más sanciones u “otras medidas” para provocar la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, siempre que no impliquen el uso de la fuerza, una opción que sí contempla el TIAR o Tratado de Río, cuyos estados miembro se reunirán en las próximas horas para decidir sobre su activación para el caso venezolano.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, así como la delegación enviada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, han celebrado este lunes una reunión del Grupo de Lima aprovechando el marco de la 74ª Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

En un comunicado conjunto han expresado su “disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.

A este respecto se han comprometido a promover “la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones de los derechos humanos”.

En concreto, han querido reiterar su rechazo a “los crecientes vínculos del régimen de Maduro con grupos armados al margen de la ley y al amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha llegado a calificar a Maduro de “criminal de lesa humanidad” y ha avanzado que en su intervención ante la Asamblea General de la ONU denunciará los supuestos vínculos del dirigente 'chavista' con las disidencias de las FARC y el ELN, así como con organizaciones terroristas internacionales, y reclamará sanciones.

“Agradecemos al Grupo de Lima el rechazo a 'los crecientes vínculos del régimen de Maduro con grupos armados al margen de la ley y el amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano', denunciado por Colombia”, ha escrito el ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, vía Twitter.

Además, han ratificado su reconocimiento a Guaidó y a la Asamblea Nacional que presidente “como autoridades legítimas y democráticamente electas”, al tiempo que han criticado “los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas (...) de Venezuela para alcanzar una salida política a la grave crisis que padece dicho país”.

Candidatura venezolana

Por otro lado, han urgido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a “establecer un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, documentada en el último informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, Michelle Bachelet.

Los emisarios de Guaidó, Julio Borges y Carlos Vecchio, se han reunido este lunes con la jefa de derechos humanos de la ONU, precisamente, para solicitarle que “cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe”. “No podemos permitir más impunidad, los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados”, ha reivindicado Borges, el responsable de la política exterior de Guaidó.

El Grupo de Lima también se ha posicionado en contra de “la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental”, instando a la Asamblea General de la ONU a “no apoyar esa candidatura”.

Por último, han expresado su “profunda preocupación por la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela y por la dimensión del éxodo migratorio, de más de 4,3 millones de personas según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que desborda las capacidades (de la región) para su atención”, subrayando la necesidad de “incrementar el apoyo internacional, especialmente financiero”.