Al menos 30 minas de las zonas Corre Gente, Bochinche y Los Candados permanecen cerradas desde hace tres meses. Mineros exigen su reapertura “antes de que ocurra un estallido social en Tumeremo”.

“Estamos aterrados porque si hablamos nos pueden matar”. Esta afirmación de Liliana Hernández, minera en Tumeremo, habla por muchos más. Desde hace casi tres años, con la llegada del comandante del Ejército, Ernesto Solís, la zozobra en el pueblo aumenta cada día. Aseguran que él es el responsable de los asesinatos y desapariciones de mineros, los amedrentamientos, los atropellos y el cierre desde hace tres meses de más de 30 minas en Corre Gente, Bochinche y Los Candados.

Al menos el 70% de la población de Tumeremo es minera, aseguró Milagros Cabrera, minera desde hace 18 años. Desde hace tres meses, quienes trabajaban en las minas cerradas, buscan rebuscarse en pequeñas minas o vendiendo café o helados de tetas, como hace Milagros.

“La minería es suerte, nosotros no sabemos lo que tenemos bajo la tierra, pero en un día me podían quedar 10 gramas de oro; al precio que está ahorita, 510.000 bolívares cada grama de oro, hacía bastante. ¿Cómo nos sustentamos vendiendo un café en 2 o 3 mil bolívares?”, señaló Cabrera.

Así como hay foráneos en las minas, personas de otros municipios, de otros estados, con o sin título universitario, también hay quienes han trabajado toda su vida en la minería. Entre ellos Jonathan Arocha, actividad que practica desde niño, otra realidad de Tumeremo.

María Farías es licenciada en Educación. Desde hace un año se mudó desde Cumaná para trabajar en la mina, impulsada por su situación económica.

“El alcalde dice que esas zonas pertenecen a los indígenas, pero los siete capitanes indígenas se reunieron con los mineros y no tenían problema de que trabajaran la mina (...) el oro se lo está llevando los brasileños, los colombianos, y el minero venezolano es el que está pasando hambre”, denunció.

La minería es la fuente de ingresos para los que buscan mejorar su condición económica como para los nativos de Tumeremo, un pueblo minero. Con tres meses sin poder trabajar en la mina, aseguran que hoy se pasa hambre en el municipio Sifontes.

“La mina va para tres meses cerrada y nos rebuscamos por esas minitas que hay por ahí. Estamos pasando trabajo, lo que queremos es que nos abran la mina, queremos trabajar, aquí hay muchos padres de familia”, dijo Jonathan Arocha.

“Aquí hay masacres, el Ejército encima de los mineros. El comandante del Ejército tiene la mina parada porque él dice. Los niños no han podido comenzar las clases porque los padres no han trabajado y no tienen para comprarles los útiles (...) queremos que antes de que pase algo en Tumeremo, abran las minas”, manifestó William Padilla, minero.

Más desapariciones

Hace unas semanas, familiares de mineros denunciaron que hay más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones confirmadas en Tumeremo. Jerania Lara, habitante del pueblo, señaló que apenas ha transcurrido una semana desde que se conoció de otras cinco desapariciones. Simplemente no se sabe nada de esas personas.

Como estas, son casos y casos conocidos a partir de la masacre de 2016. Lara recuerda que por el hecho de que hay muchos mineros foráneos, la mayoría de las veces sus allegados ni se enteran, no hay quien los reclame y, aún así, en la mayoría de los casos el cuerpo no aparece. En situaciones así, “presumimos que están muertos”.

Uno de esos casos es el de Andreina Arcia. Su esposo, declaró, fue sacado de su casa el 10 de mayo de este año por el comandante Ernesto Solís, y desde entonces no volvió a saber de él. Su denuncia entonces en la Fiscalía de Derechos Fundamentales del estado Bolívar, ni siquiera se formuló por “falta de pruebas”, según le alegaron.

Gladys Pedroza, por su parte, sabe que su hijo fue asesinado. Ella estaba en Margarita y afirma que más de uno en el pueblo fue testigo cuando, junto a otro muchacho, los metieron en una casa, los torturaron y los ejecutaron, denunció.

Pedroza aseveró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias, y exigió todo el peso de la ley contra Solís.

Mineros advirtieron que la situación puede empeorar de no tener respuesta, desde un estallido social hasta la tranca en la troncal 10, vía que comunica con los municiones del sur y al estado con Brasil.