En el proyecto de acuerdo se estableció que la asamblea oficiará a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al Parlamento Amazónico, al Grupo de Lima y la Comunidad Europea sobre la “amenaza” que representa este decreto para el patrimonio ambiental venezolano.
El decreto presidencial, que permite a la FANB retomar el control de esta zona, establece la simplificación de trámites y permisos para actividades, entre las que mencionan a la minería.