El diputado Antonio Geara también fue liberado como parte del indulto que benefició al sidorista Elio Mendoza y la ferrominera Tania Rodríguez, ambos procesados arbitrariamente por enviar mensajes por WhatsApp.
El dirigente sindical de Sintraferrominera, Rubén González, durante su tiempo recluido sufrió problemas renales y cardiacos. Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron su liberación, pero no fue hasta que se aproximaran las elecciones que el gobierno ordenara su libertad por segunda vez en 9 años.
Su hija considera que otorgarle alguna medida cautelar seguiría siendo una medida injusta, que continuaría con las violaciones y atropellos a sus derechos. “Él merece venirse a casa con una libertad plena”, sentenció.
El dirigente sindical fue detenido el 29 de noviembre de 2018 y posteriormente condenado el 13 de agosto de 2019 a cinco años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
Después de días solicitando atención médica, el dirigente sindical sufrió una crisis hipertensiva. Su estado de salud se agrava también por las condiciones de insalubridad en la cárcel La Pica.
La hija del secretario general de Sintraferrominera y demás miembros de la organización sostienen que el dirigente está desaparecido, y denuncian que su caso y la militarización de la planta en Ciudad Piar tenían como segunda intención discutir el contrato colectivo de Ferrominera Orinoco con Sinboltrafe, organización paralela e ilegítima. Dirigentes de Sidor recordaron que algo similar ocurrió en la siderúrgica: desconocimiento del sindicato e imposición de la convención. El caso FMO es una prueba más de la política antiobrera del régimen que, vaya paradojas, se autoproclama gobierno obrero.
“Hemos ido a preguntar al comando de la Guardia Nacional en Ciudad Piar y no saben nada (…) Los hacemos responsables de la vida de mi papá y mi esposo”, expresó Yarudid González, hija del dirigente sindical y miembro de la organización, Rubén González. La persecución de la Guardia Nacional comenzó el lunes, durante una protesta en la que los ferromineros exigían dotación de uniformes y de equipos de seguridad, entre otros beneficios menoscabados en la era de la Ferrominera controlada por el chavismo y, por tanto, venida a menos.
