La organización asegura que el efecto del operativo ha sido “la propagación” de los mineros desalojados que “abren nuevas minas en el mismo ecosistema” en el estado Amazonas.
La organización SOS Orinoco considera que la Operación Autana “fue solo un show” y señala que las minas en el Parque Nacional Yapacana siguen operando de forma ilegal, ahora regentadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El pasado 3 de julio, Herrera recibió amenazas tras acusar a un militar por develar una conversación que el funcionario tuvo con el general Viloria, que unas 50 máquinas que usan para la minería ilegal son del general José Ramón Maita.
Burelli afirma que en Venezuela se expande la minería semimecanizada que utiliza mercurio “y es la propia Fuerza Armada la que impulsa el uso del mercurio”.
El 13 de mayo, Venezuela y Colombia suscribieron un acuerdo en materia de defensa y seguridad fronteriza con el cual se busca reforzar los planes de seguridad en la frontera en común.
Desde julio, la Fuerza Armada Nacional lleva a efecto múltiples operativos en Yapacana que han resultado en la expulsión de más de 14 mil personas señaladas como “mineros ilegales”.
La ONU señala que la minería ilegal es ejecutada “por una persona, física o jurídica, o un grupo de personas, sin cumplir los requisitos de la legislación o los reglamentos administrativos aplicables que rigen esas actividades”.
Hernández Lárez afirmó que alrededor de 25 mil efectivos de la FANB participan en los operativos en el Parque Nacional Yapacana.
Acosta fue detenido en el Parque Yapacana, trasladado a Puerto Ayacucho y presentado en tribunales el pasado 12 de septiembre.
Hernández Lárez recordó en sus redes sociales que este conteo se hace desde el 1 de julio hasta la fecha, al tiempo que reiteró Venezuela “es un Estado democrático de derecho y de justicia donde prevalece la paz”.
