SOS Orinoco sentencia que “los operativos militares parecen tener una finalidad principalmente propagandística”, que busca limpiar la imagen del régimen debido a que no son parte de una política, plan o programa ideado por el Estado para erradicar la minería ilegal o aminorar sus impactos.
La ceremonia de presentación se realizó en la sede de Orpia, en el sector Los Lirios de Puerto Ayacucho, sitio donde se concentraron diversas organizaciones indígenas de la entidad.
Esta comunidad quedó expuesta a desplazamientos forzados, enfermedades infecciosas y trata de personas a causa de la minería ilegal.
El pueblo indígena se enfrenta al aumento de las enfermedades y la carencia de atención médica por su complicada ubicación geográfica, y a la invasión de sus territorios por parte de mineros brasileños conocidos como garimpeiros. Se aferran a su medicina ancestral y a la lucha por preservar su identidad cultural.
La declaración de emergencia sanitaria la firmó la ministra Nísia Trindade, quien montará además un centro de operaciones de emergencias en salud pública para “planear, organizar, coordinar y controlar” las medidas que se tomen.
Las organizaciones exigen justicia y destacaron que la pérdida de la vida humana es irreparable en cualquier contexto, y los perpetradores del delito deben responder ante la ley.
Organizaciones como Provea, Foro Penal, SOS Orinoco y Fundaredes piden una investigación imparcial de los hechos, que haya justicia para las víctimas, sobrevivientes y sus familiares.
La muerte de un joven yanomami en Brasil por el nuevo coronavirus despierta preocupación en oenegés del Amazonas venezolano. Ambos pueblos comparten un territorio común, tienen contacto social y sufren la incursión de grupos mineros que no entienden de fronteras.