De Ventuari a Arizona: José Pitre firmó con los Diamonbacks
18 Ene, 2025 - 4:34 PM
El escenario poselectoral ha representado un afianzamiento de la represión que ejerce Nicolás Maduro a través de los organismos de seguridad, un “terrorismo de Estado” contra todo aquel que se califique o sea percibido dentro del espectro opositor o del disenso, como expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mediados de agosto.
Las violaciones de los derechos humanos de los legisladores se han triplicado en una década, de las 311 recogidas en 2014 a 956 en lo que va de año, advierte la organización, que señala a Venezuela o Yemen como casos paradigmáticos de estos abusos.
Familiares han denunciado la falta de acceso a los actos conclusivos del Ministerio Público, lo que deja a los detenidos en una situación de total indefensión frente a la maquinaria judicial del Estado.
Luego de las elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro registró 25 muertes y más de 2 mil detenidos, entre ellos 16 periodistas, de los cuales 12 aún no han sido liberados.
“En su mayoría, las víctimas contabilizadas son periodistas (58 personas, 46,8%), seguidos de particulares (31), medios de comunicación (15), páginas web (7), camarógrafos (5) y reporteros gráficos (4). Resaltan además las denuncias de persecución contra la ciudadanía y miembros de ONG por la divulgación de opiniones en contra de Nicolás Maduro, y por el trabajo de defensa y protección en casos de violaciones a los DD HH”.
Las víctimas directas de las agresiones fueron: “15 trabajadores de la prensa, un escritor y un activista, así como a 20 medios de comunicación, cinco organizaciones de la sociedad civil y una app de VPN”.
La concesionaria encargada de la recolección de desechos, Fospuca Caroní, ha ejecutado 56 demandas de embargo preventivo contra empresas de Ciudad Guayana.
ONG advierten que más de 3 millones de votantes estarían fuera de estos comicios de no lograrse las actualizaciones del Registro Electoral.
Blyde dijo que el escrito presentado a Noruega se mantendrá “en reserva” e insistió en la necesidad de restablecer la “existencia plena” de lo firmado en Barbados en octubre pasado.
Las captaciones de menores de edad en varias zonas de la entidad, para realizar trabajos sexuales, siguen siendo frecuentes. Dos casos se suman a la incidencia de esta región del país durante los últimos meses.
