Expediente N° 45.396
6 Dic, 2024 - 12:00 AM
González manifestó que al revisar las estadísticas en los abusos contra menores de edad, los casos siempre son recurrentes en el ámbito familiar y las amistades cercanas.
Manifiestan que los acontecimientos postelectorales, y la aparente inacción del fiscal Karim Khan desde el inicio de la investigación en junio de 2023, generan una profunda preocupación entre las víctimas y sus familias.
El aumento de la violencia política de género se ha puesto de manifiesto tras las elecciones. De las 1.848 personas apresadas reportadas en el contexto de las manifestaciones poselectorales, al menos 246 son mujeres, incluyendo a 28 niñas.
El coordinador de Provea aseguró que estas medidas tienen una intención intimidatoria y criminalizan el acompañamiento a las víctimas, realidad que no cabe en el marco de una sociedad democrática.
Las mujeres familiares de los detenidos en la región andina deben viajar más de 12 horas por carretera para poder visitarlos. En Tocorón no está permitida la visita de parientes masculinos.
El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos nació hace dos años con el propósito de unificar la lucha por la liberación de privados de libertad por razones políticas y trascender para que se logre la reparación de las víctimas.
La cifra provisional de fallecidos supera a la que ocasionó la rotura de la presa de Tous en 1982, cuando hubo 38 fallecidos, mientras que los servicios de emergencias se afanan para poder llegar a las zonas más afectadas.
La ONG alerta a la ciudadanía sobre el aumento significativo de casos de violencia basada en género en el estado Bolívar.
A los miles de víctimas del régimen militar represor instalado e investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se le agregan ahora 24 personas asesinadas por armas de fuego, mientras Maduro Moros se solaza ordenando detener a 2.229 personas que llama “terroristas”.
Con Andrés Alfonso Ramírez Castillo, de 36 años, son doce las personas que murieron a manos de las fuerzas del Estado en estos hechos. Diez de estos casos se le atribuyen a miembros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: siete del Ejército, dos de la Guardia Nacional y uno mixto, en donde supuestamente participaron en un homicidio junto a policías.
