Expediente N° 45.396
13 Dic, 2024 - 12:00 AM
El posible prevaricato entre el referido fiscal y su cuñada generó escándalo mundial desde que en septiembre pasado el diario The Washington Post reveló los resultados de una investigación de sus reporteros.
Manifiestan que los acontecimientos postelectorales, y la aparente inacción del fiscal Karim Khan desde el inicio de la investigación en junio de 2023, generan una profunda preocupación entre las víctimas y sus familias.
Resaltó que con estos casos se suman ya unas 920 incidencias en las oficinas de esta instancia en La Haya que se registraron después de las presidenciales.
El activista de los derechos humanos, Walter Márquez, dijo que estuvo en la CPI el pasado 12 de septiembre para consignar un documento en el que reclamó al Tribunal Internacional celeridad procesal en la investigación del caso Venezuela I por crímenes de lesa humanidad y prisión perpetua contra Maduro.
Francisco González reitera que la decisión de la corte debería ser imparcial, aunque trabaje con información suministrada por la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU.
Simón Gómez destaca que la intención del chavismo parecía ser “armar un show o simplemente de hacer uso de la audiencia como parte de esa cuenta que el gobierno tiene sobre cómo se da el manejo de este proceso”.
El juez presidente de la sala recordó que Venezuela tenía el deber de integrar en sus leyes nacionales algunos de los crímenes que contempla el Estatuto de Roma, y preguntó cuáles eran los obstáculos para ello y si tienen la voluntad de cambiarlo en un futuro.
Se recordó que en el examen preliminar, la única fase completada hasta el momento, no se identifica a los autores eventuales o se establece el alcance real de su averiguación.
De esta audiencia no saldrá una sentencia inmediata. La Sala de Apelaciones fijará un lapso perentorio para informar sus apreciaciones y su decisión final en una nueva audiencia.
La Corte de La Haya está en proceso de instalar una oficina en Caracas para monitorear y aconsejar al sistema de justicia venezolano sobre cómo abordar los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad.
