
En un comunicado, el Gobierno español destacó que la medida publicada el 15 de marzo de 2019 queda sin efecto, cuando los venezolanos podían realizar trámites migratorios con sus pasaportes vencidos.
Pese a que el tribunal ordenó un examen de evaluación psicosocial, los condenados no han sido contactados por el ente responsable para poder iniciar el proceso de suspensión de la condena.