
Reiteró la obligación del Estado de brindar una protección especial a las personas detenidas con problemas de salud, a los adultos mayores, así como considerar seriamente el interés superior de niños y niñas que aún afrontan procesos penales.
Así que más allá de lo que opinamos más adelante sobre dicha CPI, nos tememos que por muy justa que nos parezca, no se podrá ejecutar la hipotética orden de captura de un juez argentino en situaciones como la comentada.
A través de un video difundido en redes sociales, Machado agradeció la presentación del informe sobre Venezuela, el cual calificó de “valioso” y “urgente” y resaltó que, en esta ocasión, envía el mensaje desde la clandestinidad tras la represión desatada por los cuerpos de seguridad del Estado luego de las elecciones presidenciales.
Türk afirmó que detrás de la elaboración de informes en la ONU existe una “metodología estricta” y ratificó lo que se ha publicado, a pesar de que existan gobiernos que discrepen de lo que ahí se afirma.
Al menos 300 denuncias se registraron en 2023, donde se incluyen torturas a presos políticos por distintos funcionarios de seguridad y varios casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales presididas por la DAET.
El informe documenta similares atropellos contra hijos, padres, esposas, esposos, familiares, amigos, vecinos. Hasta gatos, perros y, en general todo objeto o ser viviente que tenga vínculos directos o lejanos, con cualquier conducta opositora.
La DAET, según el informe de la Misión de Determinación, fue creada en julio de 2022 y tiene funciones similares y utiliza el mismo modus operandi que las FAES.
A través de la Línea de Contacto se han resuelto solicitudes de ayuda humanitaria, principalmente en temas como protección ante casos de violencia de género, nutrición y acceso a tratamientos antirretrovirales para personas con VIH.
Durante el último año, según Valiñas, “han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación”.
“Reiteramos que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes y/o sus familiares tienen derecho a participar en los procesos judiciales, tal y como lo garantiza la legislación interna”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU.