
El constante cambio en las normas que rigen la fijación de precios de tasas, multas, contribuciones y trámites en la administración pública ha repercutido en una población con un poder adquisitivo golpeado tras sufrir los embates de una década de contracción económica.
Un trabajador de la administración pública tendría que emplear todo su remuneración para cumplir con esta obligación, y en algunos casos quedaría debiendo al Estado.