
En la propuesta, consultada por economistas y expertos, se incluiría a 10 millones de trabajadores, entre ellos más de 5 millones de pensionados.
La renuncia de Loaiza al proyecto de derechos humanos que llevaba a cabo con la Unimet generó reacciones entre periodistas, ONG, activistas y sociedad civil que expresaron todo el apoyo a la abogada víctima de violencia de género.