domingo, 19 mayo 2024
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Torturas y preocupación por inhabilitaciones: 9 claves sobre informe actualizado del alto comisionado de ONU

La oficina del alto comisionado de los DD HH de la ONU, que dirige Volker Türk, presentó su informe actualizado sobre la situación de Venezuela, donde manifestaron preocupación por las inhabilitaciones de políticos opositores y se documentaron nuevos casos de tortura en el país. Este escrito abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 y se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores. Asimismo se basa en información recopilada y analizada por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en particular mediante entrevistas con víctimas y testigos y reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. También, el informe del alto comisionado de la ONU tiene en cuenta la información oficial proporcionada por el gobierno. A continuación, nueve claves sobre los hallazgos más relevantes del informe en materia de torturas, inhabilitaciones políticas a opositores, aplicación de ley contra el odio, retrasos en investigaciones de muertes de las protestas entre 2014 y 2019, desapariciones forzadas y muertes en contextos de operativos de seguridad, entre otros aspectos. 1. Nuevos casos de torturas documentados Durante el período que abarca el informe, el Acnudh documentó casos de 22 personas que presuntamente fueron torturadas o sometidas a malos tratos en centros de detención entre 2018 y 2022. Estos casos se suman a los 92 documentados anteriormente del mismo periodo. Del total de 114 casos, 62 fueron atribuidos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y cinco al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “El temor a las represalias y la desconfianza en las instituciones y las autoridades han contribuido a que no se denuncien todos los casos de tortura ante las autoridades”, destaca el informe. En ese sentido, Acnudh reitera su recomendación de “cerrar los centros de detención anteriormente administrados por los servicios de inteligencia y de velar por que los centros de detención cumplan las normas internacionales”. Por otra parte, durante 2022, 362 funcionarias públicas fueron procesadas, 185 acusadas y 47 condenadas en casos de tortura y malos tratos. Acnudh supervisó al menos 91 denuncias formales de tortura presentadas a las autoridades por las víctimas y sus representantes, y hasta la fecha no hay información de que ninguno de ellos esté siendo juzgado. El Acnudh recuerda que la ausencia o el retraso prolongado en la investigación de las denuncias de tortura y otras formas de malos tratos pueden constituir una violación independiente de la prohibición de la tortura y los malos tratos, y del derecho de las víctimas a recursos efectivos. La oficina pide que se investiguen con prontitud, independencia, imparcialidad y eficacia, a todos los niveles de responsabilidad, las presuntas violaciones de DD HH, “incluidos los derechos a la vida, la integridad de las personas, la libertad y la prohibición de la tortura”. 2. Inhabilitaciones sin procedimientos ni notificaciones previas Acnudh manifestó preocupación por 14 alegaciones recibidas entre febrero y abril de 2023, sobre restricciones al derecho de participación política, incluyendo hostigamiento y otras formas de intimidación contra miembros de partidos políticos y militantes en el contexto de la campaña electoral para las primarias opositoras. Durante el período reportado, Acnudh recibió reportes sobre la inhabilitación de personas para participar en procesos electorales por parte de la Contraloría General de la República. La oficina continúa monitoreando las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “que podrían restringir indebidamente la libertad de asociación a través de la interferencia en los procesos internos de toma de decisiones de los partidos políticos, incluyendo el nombramiento de juntas directivas ad hoc para dichos partidos”. Por todo ello se recomienda “garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos”. 3. Uso discrecional de Ley contra el Odio La oficina reiteró su preocupación por la aplicación generalizada de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia para criminalizar y deslegitimar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas. Durante el período que abarca el informe, Acnudh documentó nueve casos, lo que hace un total de 32 víctimas, incluidos los documentados anteriormente por la oficina, en los que personas, incluidas defensoras de los derechos humanos y periodistas, “habían sido acusadas o procesadas en virtud de las leyes de incitación al odio o de instigación pública”. En ese sentido, Acnudh reitera que cualquier restricción a la libertad de expresión resultante de la aplicación de leyes nacionales que prohíban la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, “debe cumplir los requisitos del artículo 19(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. La recomendación es garantizar que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat. 4. Se restringe el derecho a un juicio justo Acnudh observó “continuas demoras en los procedimientos judiciales, incluidas las investigaciones, las audiencias y los enjuiciamientos, que erosionan las garantías procesales y el debido proceso, así como problemas para cumplir los plazos legalmente establecidos para la publicación de las sentencias”. Según la información recibida por la oficina se observaron retrasos indebidos en la tramitación de tres causas contra personas acusadas de insurrección contra el Estado, en las que se aplazaron 93 audiencias durante el período que abarca el informe. “Sigue siendo motivo de preocupación el aplazamiento de las audiencias judiciales en estos casos, debido presuntamente a problemas en la notificación oportuna por las autoridades judiciales sobre los traslados de las personas detenidas de los centros de detención a los tribunales, entre otras cuestiones, lo que refleja la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y los centros

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