El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había instado a las autoridades a frenar la aprobación de “leyes que socaven el espacio cívico y democrático” y expresó preocupación por los masivos arrestos.
El alto comisionado también criticó las detenciones arbitrarias que los cuerpos de seguridad del Estado han llevado a cabo después de las elecciones y por el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios.
Türk manifestó su preocupación por los informes de violencia desde el día de las elecciones.
Olga Guzmán Vergara, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, recordó que Cofavic ha documentado entre 2018 a mayo de 2024, 2.542 ataques en contra de personas y ONG defensoras de derechos humanos. En los primeros 5 meses de este 2024 se han registrado 144 de estos casos.
Maduro también se refirió al escenario electoral, y prometió a la Fiscalía de la CPI que “se garantizará la paz, la libertad y la plena participación” en las presidenciales del 28 de julio.
La oficina del alto comisionado solicitó el pasado 15 de febrero a las autoridades venezolanas que respeten “las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa” de la activista y abogada Rocío San Miguel y sus familiares.
La expulsión de un diplomático o su declaración como persona non grata es “una de las formas más graves de censura dirigidas a una nación o un organismo internacional”, explicó Milos Alcalay.
El Gobierno venezolano da 72 horas a los 13 funcionarios de la Oacnudh para que se retiren del país.
Türk afirmó que detrás de la elaboración de informes en la ONU existe una “metodología estricta” y ratificó lo que se ha publicado, a pesar de que existan gobiernos que discrepen de lo que ahí se afirma.
Acceso a la Justicia califica de “alarmante” la posición de la sala, pues considera que “desnaturaliza los tratos crueles catalogados como delitos, convirtiéndolos en simples faltas administrativas”.