Además de pagar un impuesto a la Corporación Venezolana de Minería, produzcan o no, ahora un punto de control militar les quita los insumos arbitrariamente.
43% de los desaparecidos entre 2012 y el 15 de agosto de 2020 dijeron que iban a alguna de las minas del municipio Sifontes del estado Bolívar y no han regresado. Se trata de una selva en disputa por diversos grupos estatales e irregulares por dos razones: su ubicación geográfica y la presencia del cinturón de rocas verdes, una franja geológica milenaria productora primaria de oro.
El 2019 fue el año con más desapariciones documentadas por Codehciu, 22 personas desaparecieron en territorios mineros del estado Bolívar entre marzo y diciembre del año pasado, todos buscaban una mejor situación económica.
Entre los buscados por el asesinato del comandante del Fuerte Tarabay y un sargento, en el municipio Sifontes al sur de Bolívar, están alias ‘Run’ o ‘Pelón Natera’ y ‘Talao’, este último implicado en la masacre de Corregente.
Familiares de mineros denuncian impedimentos para la entrega de alimentos, agua y medicinas a los que aún trabajan en la mina Siete Colores, así como también, abusos y amedrentamientos a través de alcabalas.
El parlamentario Américo De Grazia describe las tensas relaciones entre grupos armados que dominan las zonas mineras como una manera de comprender el asesinato del comandante del Fuerte Tarabay en Sifontes.
Los tumeremenses, desde cualquier lugar donde nos encontramos, repudiamos el homicidio del comandante Ernesto Solís y todos los homicidios que han ocurrido en Tumeremo.
El teniente coronel del Ejército, Ernesto Solís, ocupaba el más alto rango del componente militar en el municipio minero, al sur de Bolívar. En 2019, fue denunciado por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y por facilitar la entrada de grupos armados a una zona antes explotada por pequeños mineros. Junto a él, fue asesinado el sargento de segunda, Gustavo Flores.
La organización de DD HH hace un recuento de las 18 matanzas que han ocurrido en el sur del estado Bolívar desde la firma del decreto del Arco Minero del Orinoco, el ahora patio de ejecuciones ilícitas de la dictadura de Maduro.
