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21 Abr, 2025 - 1:19 PM
El informe subraya que la persecución en Venezuela es una política de Estado. Los arrestos arbitrarios continúan, la tortura sigue siendo utilizada como mecanismo de represión y el espacio cívico se reduce drásticamente.
Las violaciones contra los derechos humanos por presunta responsabilidad de Quero Silva registradas por oenegés en Venezuela incluyen el arresto de personas mayores de 70 años, las órdenes de rapar el cabello de jóvenes y múltiples casos de torturas, además de presuntos abusos sexuales por parte de militares adscritos al Destacamento 47.
Las autoridades e investigadores chilenos no descartan que la actividad en redes sociales y mantener contacto con militares que expresaron su descontento o desconocimiento del mando de Nicolás Maduro haya convertido a Ojeda en un objetivo, que pudiese servir de ejemplo para controlar cualquier movimiento militar que se estuviese organizando en Venezuela.
Tal es la magnitud de la situación de salud de los presos políticos que se ha permitido a la Cruz Roja hacer jornadas de atención médica en los centros penales en las últimas semanas. Tras estas visitas, quienes presentan un estado grave obtienen una medida sustitutiva. Según el Ministerio Público, hasta el 25 de enero se excarcelaron a 1.896 personas.
“Frente a esta realidad, es imperativo visibilizarla y darle voz a esas mujeres, niñas y adolescentes asesinadas a manos de la violencia femicida, exigiendo al Estado venezolano y a la sociedad en general acciones urgentes frente al incremento de la violencia y denunciando la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores”, reseñó la oenegé.
Las reglas Mandela, un modelo universalmente reconocido para la gestión penitenciaria, establecen en su artículo 43 la prohibición del aislamiento indefinido y prolongado por más de 15 días consecutivos. Asimismo prohíben que las sanciones disciplinarias equivalgan a torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes.
Otros estadounidenses que han estado encarcelados en Venezuela han ganado fallos destacados contra Maduro y su círculo cercano por motivos jurídicos similares.
“La tortura es un crimen que no debe ser tolerado en ninguna circunstancia, y es responsabilidad del Estado proteger la integridad física y psicológica de todas las personas bajo su custodia”.
El coordinador de la oenegé, Oscar Murillo, estima que todavía hay entre 25 y 30 jóvenes apresados, de unos 90 que había computado Provea desde que comenzaron los arrestos tras las elecciones presidenciales.
Los regímenes que recurren a la tortura de menores infringen principios fundamentales de dignidad y humanidad que dejan cicatrices profundas y duraderas en las víctimas: daños irreparables en su salud mental y emocional, afectando su capacidad para llevar una vida plena y productiva.
