Familiares a las afueras de los penales de Yare III, Tocuyito y Tocorón comentaron que la orden era excarcelar primero a los detenidos con patologías pero esa regla, aseguraron, se cumplió a medias.
“Yo no tengo miedo a decir lo que pasa, pero sí tengo miedo de lo que le puedan hacer a mi hijo”, expresa Milena.
El observatorio exhortó a los familiares a solicitar una evaluación médica forense para aclarar si el suministro del medicamento cuenta con una prescripción adecuada.
Convocada para las seis de la tarde, la vigilia organizada por quienes desde hace casi tres meses pernoctan frente al centro penitenciario, tuvo serios retrasos. Los primeros en aparecer fueron funcionarios de la policía bolivariana y municipal de Libertador.
La organización manifestó la profunda preocupación de los familiares por el estado de salud de sus seres queridos, quienes son todos adultos.
Este viernes, tanto la organización Justicia, Encuentro y Perdón, como Provea, denunciaron que los arrestados por las protestas poselectorales en las cárceles de Tocorón, en el estado Aragua, Tocuyito, estado Carabobo, El Rodeo y Las Crisálidas están siendo amenazados para que se declaren culpables de los delitos por los que se les acusa.
Provea indica que los familiares de las personas arrestadas exigen se detenga el maltrato físico y psicológico al que están siendo sometidas y todo el núcleo familiar.
A ellos los tienen a todos como si fueran una banda delictiva, pero no se conocían, no sabían quiénes eran. Los agarraron en distintas comunidades y los metieron a todos en la misma causa”.
“La atención que brinda el Estado a los privados de libertad debe ser integral, con derecho a la alimentación adecuada, salud, educación, cultura y esparcimiento”, expresó Prado.
El observatorio subrayó que la alimentación debe ser balanceada y contener un mínimo de 3 mil calorías, entre vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas.