Para el investigador Luis Betancourt, “el Estado es responsable de todo lo que está ocurriendo en el sur del país con el tema de la minería ilegal, con el tema de la presencia de grupos irregulares y la conflictividad territorial; es decir, por no cumplir con el mandato constitucional de ejercer soberanía y darle cumplimiento a las normativas de protección ambiental”.
Las investigaciones con imágenes satelitales explica que la vía va desde una zona boscosa de Brasil, donde no se practica la minería, hasta una carretera en Icabarú, donde sí se hace minería ilegal.
El municipio El Callao fue el escenario de la mayor cantidad de accidentes durante el 2023, siendo el año de más alta peligrosidad para la actividad minera.
A través de sus redes sociales, el jefe del Ceofan dijo que las autoridades activaron un plan de desalojo de las personas que se dedicaban a la “minería ilegal de manera subrepticia y violando el ordenamiento jurídico territorial”.
La organización asegura que el efecto del operativo ha sido “la propagación” de los mineros desalojados que “abren nuevas minas en el mismo ecosistema” en el estado Amazonas.
La experiencia promocionada por varias empresas es una fiesta de música electrónica de cinco días. Los primeros dos días son en Caracas, mientras que los otros tres son en Canaima.
Los expertos señalaron que en la disputa por el territorio han quedado en medio más de nueve pueblos indígenas.
La situación es compleja y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está entendiendo lo que está en juego con la minería en la región.
La ONG recordó que la guerrilla “se entremezcla con los mineros y con la población asociada a la minería, y muchas veces es imposible separarlos o distinguirlos”.
En julio de 2021, la Unesco aprobó una resolución que exige al gobierno de Nicolás Maduro permitir el ingreso de una comisión de monitoreo para inspeccionar el Parque Nacional Canaima y constatar su estado.