
140 mil hectáreas de bosque se perdieron en la Amazonía venezolana por las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco, según la organización SOS Orinoco.
El río, conocido por su nombre indígena Kúnu, forma parte del Parque Nacional Duida-Marahuaka y pertenece a un área protegida Reserva de Biósfera Alto Orinoco. Este cauce, que fluye por el escudo guayanés, se caracteriza por tener aguas transparentes y cristalinas.
La organización advierte que la minería ilegal no solo destruye el medio ambiente y viola los derechos humanos, sino que también alimenta una red de corrupción que beneficia a funcionarios de alto nivel.
El informe de SOS Orinoco resalta que la actividad minera a cielo abierto alcanzó las 65.985 ha en Amazonas y Bolívar en abril, lo que ocasiona la fragmentación y pérdida de hábitats en su totalidad. Mientras que los pueblos indígenas padecen altos índices de malnutrición y de muertes por desnutrición, y una situación de inseguridad alimentaria asociada a la minería.
El décimo boletín de la ONG responsabiliza al Instituto Nacional de Parques y las autoridades gubernamentales por no crear un sistema de protección adecuado para estos espacios naturales, que además deben ser protegidos como patrimonio natural según los estándares de la Unesco.
De acuerdo con el World Heritage Watch Report 2024, al menos 54 lugares considerados patrimonios de la humanidad corren el riesgo de desaparecer, como Canaima, debido a la degradación ambiental y los conflictos armados.
En las imágenes satelitales publicadas por la organización conservacionista se evidencia el avance de la tala de árboles y el desplazamiento de la fauna en zonas que siguen bajo el yugo de la minería ilegal a cielo abierto.
Datos recientes de SOS Orinoco indican que son 173.989 hectáreas en las que se practica la minería, pero estos datos también abarcan la que se hace en el Esequibo, que es impulsada por Guyana.
El viceministro de para la Gestión de Riesgos y Protección Civil informó del derrumbe el 22 de mayo pero no se ampliaron mayores detalles. SOS Orinoco advierte que todas las personas que trabajan en las minas, además de sufrir esclavitud moderna, no tienen protección por parte de las autoridades frente a estos actos que “promueve” el mismo gobierno.
Para el investigador Luis Betancourt, “el Estado es responsable de todo lo que está ocurriendo en el sur del país con el tema de la minería ilegal, con el tema de la presencia de grupos irregulares y la conflictividad territorial; es decir, por no cumplir con el mandato constitucional de ejercer soberanía y darle cumplimiento a las normativas de protección ambiental”.