50 nuevos profesionales mercantes egresaron de Universidad Marítima del Caribe
12 Ene, 2025 - 5:45 PM
Louza denunció prácticas previas del gobierno para impedir el registro o actualización de actas de las oenegés, lo que había llevado a situaciones irregulares y dificultades para realizar transacciones financieras sin fines de lucro.
El politólogo internacional sostiene que el Estado debe estimular, promover y asistir a la sociedad civil para darle fuerza al voto como instrumento que tiene la sociedad para escoger a las personas en cargos públicos, pero la primaria es un proceso interno que fue propuesto.
Los firmantes rechazan el argumento de que cuestionar la participación del CNE “estimula la desconfianza del voto”.
Algunos de los detenidos han participado en protestas o han expuesto los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para ejercer su labor a favor de los trabajadores ante instancias internacionales como la OIT.
Los fallos ponen en evidencia que la estrategia para neutralizar e intervenir la libertad de asociación de las organizaciones gremiales y sindicales, entre otras, que el TSJ junto con el CNE han llevado adelante en las últimas dos décadas, sigue formando parte de la agenda del “nuevo” máximo juzgado.
A pesar que Maduro y el canal del Estado lo anunciaron como una reunión con el Foro Cívico, los distintos participantes han aclarado que las reuniones se dieron a título personal.
Desde el año 2000 y sobre todo desde 2004 en adelante se ha demostrado que mientras más partidizado sea el Comité de Postulaciones, menos independientes terminan siendo los jueces del máximo tribunal.
Oenegés y miembros de la sociedad civil venezolana exigieron el cese de prácticas de estigmatización, odio, desprecio, hostigamiento, criminalización y persecución contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en el país. En un pronunciamiento en conjunto, las más de 90 organizaciones rechazaron la exposición y acoso contra un grupo de venezolanos de diversa índole; políticos, comunicadores y líderes de sociales, en el programa número 371 de Con el mazo dando, transmitido el pasado 19 de enero en televisión nacional y que es conducido por el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. En el minuto 75 con 55 segundos de la transmisión, el diputado y líder político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) publicó carteles con fotografías y nombres del grupo seguidos del texto “SE BUSCA POR LADRON (A)”. “Como organizaciones sociales e individualidades de la sociedad civil, fieles propulsores de la libertad de expresión crítica, declaramos que hacemos votos permanentes por la existencia de una opinión pública libre, como fortaleza de una sociedad libre y democrática”, manifestaron. Además advierten que es “peligroso e inaceptable” que las opiniones de Cabello Rondón devengan en formas de expresión que propagan, incitan, promueven y/o justifican el odio, la intimidación y persecución, basado en la intolerancia específica a un sector que promueve la defensa de principios y derechos en el país. Asimismo resaltaron que los diputados de la AN carecen de la potestad de ejercer en nombre del Estado la acción penal, y en consecuencia ordenar la persecución de cualquier ciudadano. Como establece el artículo 285 numeral 4 de la Constitución, esta atribución es exclusiva del Ministerio Público. También recordaron que los prestadores de servicio de radio, televisión y suscripción, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad; y que en consecuencia a ello los mensajes que constituyan incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia deben estar proscritos en su contenido. Las organizaciones y personalidades de la sociedad civil advierten que es preocupante la ocurrencia reiterada de este tipo de eventos en la televisión pública de señal abierta nacional. Por ello hicieron un llamado de alerta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, al Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, Relator de la OEA sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y operadores de justicia, para: Estar alertas y coadyuvar en el estricto sentido de sus atribuciones, en la plena vigencia de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los distintos tratados que en la materia ha suscrito y ratificado el Estado venezolano; al ser este tipo de persecuciones fundadas esencialmente en motivos políticos; llevadas a cabo a través de medios de comunicación del Estado y sus redes sociales, mecanismos de reducción del espacio cívico, generando francas restricciones al derecho de libertad de asociación y reunión, generando con estas estigmatizaciones, apologías persecutorias en desmedro de quienes ejercen su ciudadanía. Solicitar que se hagan las investigaciones pertinentes, así como adelantar otras acciones según su mandato, tomando en consideración las más amplias medidas que impidan a futuro la ocurrencia de eventos como el aquí destacado, promoviendo y garantizando la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, y previniendo toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro género.
La iniciativa analiza las contribuciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil al tercer ciclo del Examen Periódico Universal sobre Venezuela de las Naciones Unidas, en donde se evaluarán los expedientes de derechos humanos del país.
Dirigentes guayaneses consideran que un político o agrupación no van a mejorar el problema de servicios ni de salarios de los trabajadores. Para ellos la salida es un cambio de gobierno. | Foto cortesía
