
Mena Ramos es madre de una niña de cinco años de edad. Tanto la periodista como su esposo estuvieron varios días desaparecidos tras su arresto y antes de la presentación en tribunales.
La medida generó inquietud en el gremio periodístico y en sectores de la sociedad civil, que han expresado preocupación por posibles intentos de intimidación.
“Hay un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libre prensa en Venezuela a través del uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo como herramienta para silenciar voces críticas”.
El SNTP sostuvo que la “bonificación salarial” evade las responsabilidades patronales y niega la seguridad social a los trabajadores, “dejándolos desprotegidos ante la enfermedad, la vejez y otras contingencias”.
El SNTP destacó que Ramos desapareció después de cubrir una noticia en los alrededores de Plaza Venezuela.
Un balance publicado por la organización Foro Penal reportó un balance de 901 presos políticos para el 27 de marzo, de los cuales 88 son mujeres, 167 militares y cinco son menores de edad. Desconocen el paradero de 59 personas.
“Charito’ ha sido víctima de persecución por motivos políticos y en razón de sus opiniones, por lo que vive en un exilio obligado. Nuestra solidaridad con ella”, expresó el SNTP.
El SNTP indicó en redes sociales que en la Fiscalía fue imputado por la presunta comisión de delitos como incitación al odio, difusión de noticias falsas y obstrucción a la justicia.
“Con la detención del periodista Román Camacho se materializa un nuevo atentado contra el libre ejercicio de una profesión que es fundamental para la sobrevivencia de la democracia y que, además, garantiza los derechos colectivos de acceso a la información y libertad de expresión”.
La RELE instó a las autoridades a garantizar el respeto a sus derechos fundamentales y hace un llamado al Estado para que otorgue a los periodistas el “máximo grado de garantías” para que puedan ejercer su profesión.