Se registraron en el país 74 casos de violaciones a la libertad de expresión, traducidos en 150 denuncias, durante el primer cuatrimestre de 2021. | Foto Jhoalys Siverio
El allanamiento y posterior traslado de David Natera Febres a la sede de la Policía política configura un nuevo ataque en contra de la prensa libre por parte de los cuerpos de seguridad de Maduro y un claro desconocimiento al debido proceso.
Las violaciones al libre ejercicio periodístico se han intensificado durante el estado de emergencia por la COVID-19 mientras el gobierno procura un control férreo de la información.
El comunicador social fue arrestado en su residencia por funcionarios de las FAES el sábado 21 de marzo, así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el allanamiento se enmarca en “una investigación de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir contra un directivo”.
Se pudo conocer que personal de Entorno Inteligente fue citado para este miércoles a la sede del organismo militar para dar declaraciones, mientras que reporteros se encontraban detenidos.
De manera ilegal, la gerencia del periódico comunicó a un grupo de 30 trabajadores, todos ellos periodistas, su “decisión unilateral” de ejecutar un despido masivo.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha enviado tres comunicados a Radio Pentagrama 107.3, de Puerto Ordaz, para alertar sobre la difusión de supuesto contenido violatorio en el programa Público y Confidencial. El SNTP exhorta a Conatel a cesar en estas acciones intimidatorias y arbitrarias con las que se vulneran derechos humanos colectivos e individuales y genera un clima propicio para la inhibición del debate público.
