
La ONG Acceso a la Justicia considera que este impuesto no contempla el principio de progresividad para las empresas, el cual está establecido en el artículo 316 de la Constitución, así que todas las compañías deben hacer la misma contribución sin considerar el tamaño de estas, su actividad o las ganancias.
En un comunicado oficial enviado a sus afiliados, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecome) agradeció al Seniat por la decisión adoptada. “Esta medida representa un avance significativo para la economía del país beneficiando a todos los sectores involucrados”.
A menudo las empresas nacionales señalan el excesivo cobro de impuestos entre los principales problemas, algo que aseguran se ha acentuado en los últimos años.
Espacio Público documentó entre enero y agosto de este año 507 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
Luego de la pausa por la contienda electoral del pasado 28 de julio, en Caroní al igual que el resto de los municipios, los comercios abrieron sus puertas con normalidad, sin embargo, por la poca capacidad adquisitiva del consumidor, no hay público en las ferias de comida y restaurantes.
La dirigencia opositora considera que la actuación del gobierno de Maduro, a través del Seniat, busca sembrar miedo en la ciudadanía como forma de frenar los votos en su contra.
La mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática, ha denunciado cierres y sanciones a hoteles y restaurantes en varios estados del país.
La medida de cierre o “clausura” se aplicará desde el 17 de junio hasta el 17 de julio, perjudicando a unos cincuenta empleados y a sus familias.
Hasta ahora ningún cuerpo de seguridad del Estado ha informado sobre las detenciones. Por su parte, el Seniat se ha encargado de los cierres temporales de hasta 33 días de los establecimientos que han alojado o alimentado al equipo de Machado y González durante su gira de campaña.
El negocio es el sustento de varias mujeres que tienen hijos que mantener e incluso familiar enfermos.