En España, la declaratoria de determinado juicio -como herramienta de persecución política- es atribución del Poder Ejecutivo. Pero la Sala 3ª en su afán de favorecer al imputado había usurpado esa atribución al descalificar, por tal motivo, el proceso contra Carvajal seguido en EE UU. | Foto cortesía