Abogados señalan que el decreto sobre el estado de alarma por la pandemia de COVID-19 contiene vacíos que generan medidas discrecionales por parte de gobernadores y alcaldes. | Foto DPA
El allanamiento y posterior traslado de David Natera Febres a la sede de la Policía política configura un nuevo ataque en contra de la prensa libre por parte de los cuerpos de seguridad de Maduro y un claro desconocimiento al debido proceso.
Más de seis víctimas denunciaron formalmente a Hernán Mendoza, profesor de natación en Puerto Ordaz, de cometer actos lascivos durante las clases que impartía en clubes de la ciudad.