Roberto Giusti
22 Ene, 2025 - 11:00 PM
Familiares de personas que se encuentran privadas de libertad han realizado varias protestas contra el retraso procesal y los traslados inconsultos de sus parientes.
La Sala de Casación Penal aprobó resoluciones en las que gira instrucciones a los jueces para acelerar los procesos. La instancia también tomó medidas para la fase de investigación y la ejecución de las sentencias. | Foto cortesía
Las madres de los indígenas detenidos exigieron la libertad de sus hijos frente al Palacio de Justicia en Caracas tras el diferimiento de la audiencia.
Álvarez ha pasado por más de 25 audiencias y el juicio se ha interrumpido en ocho oportunidades durante los nueve años de detención. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han exigido su liberación.
La ONG Justicia Venezolana detalla que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un atraso de más de 750 días para la apertura de juicio y, en el caso operación ‘Vuelvan Caras’, más de 320 días de retardo procesal.
Los 203 calabozos policiales y militares monitoreados tienen capacidad para albergar a 3.734 personas, pero en estos espacios hay atrincherados 19.028 detenidos, lo que representa un hacinamiento del 509,58%.
La defensa del trabajador de Ferrominera Orinoco llama a la clase trabajadora a levantar su voz de protesta y exigir el encarcelamiento de los dos jueces que, señalan, han violentado sistemáticamente los derechos constitucionales de Álvarez.
