Stein destacó la importancia de esta decisión al subrayar que “Argentina ha dado un paso crucial al reconocer los desafíos que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos, muchos de los cuales carecen de documentos válidos”.
La norma también flexibiliza las condiciones exigidas para la radicación, tales como la vigencia de los documentos o la obligatoriedad del apostillado.
El beneficio exime del pago de multas a quienes residen irregularmente y posean el Certificado de Permanencia Migratoria, aunque deberán cubrir el costo de la visa y la orden de cedulación.
En febrero, Colombia informó que, por primera vez en 10 años, la cifra de migrantes venezolanos disminuyó en 1,10% en ese país, lo que equivale exactamente a 32 mil personas.
La organización advierte en un comunicado que el proyecto fue diseñado “en clara vulneración a los derechos humanos de libertad de asociación, participación y actuación ciudadana en los asuntos públicos”.