La Corte Internacional de Justicia, en suma, fue siempre la carta que se reservó Venezuela dada la fuerza jurídica de nuestro reclamo. Ahora la queremos obviar, mientras nos solazamos en el jolgorio. Nada nuevo bajo el sol.
Hay problemas serios en el oficialismo. Lo antes señalado preocupa en grado superlativo a unos cuantos dirigentes de ese sector. Hay quienes están planteando con seriedad la necesidad de otra candidatura en caso de elecciones.
El gobernador hizo mención a planes que adelanta el ejecutivo regional para la zona más próxima al Esequibo, y que beneficiaría a sus residentes.
Trascendió que sacar el documento con gestores tiene un costo de hasta 20 dólares. Asimismo, afectados reportaron que se venden los puestos en la fila por 10 dólares.
El régimen hace de todo para motivar a la gente a votar en ese evento. Será otro duro golpe aunque inflen artificialmente unos resultados que no se corresponden con el sentimiento nacional.
Dividirá a los venezolanos de cara a lo que sí nos es obligante: la defensa profesional, seria y calificada de nuestros derechos territoriales en los estrados de La Haya y el saber que los efectos de la sentencia que llegue a dictar la CIJ son definitivos e inapelables, estarán revestidos por el principio de la cosa juzgada.
No tienen otro propósito que retener el poder a cualquier precio. La simple perspectiva de la necesaria rendición de cuentas angustia demasiado a los más importantes.
Trabajadores de las empresas básicas de Guayana denunciaron que se les exigió enviar evidencia fotográfica de su presencia en los centros de votación.
En la actualidad, hay aproximadamente 12 mil personas que viven en la zona del Esequibo y se desplazan libremente para acceder a servicios básicos.
Ahora corre Maduro Moros en línea contraria a la que impone el mismo Chávez en 2004, cuando pasa a ser deudor real de los hermanos Castro -aliados históricos de Guyana- luego del apoyo que éstos le dan durante el referéndum revocatorio que ese año buscó eyectarlo del poder.