Cuando la autoridad competente sospecha que un criminal se encuentra en el extranjero, lo primero que se hace, en Venezuela o en cualquier otro país, es dirigirse a Interpol, para que ésta, a su vez, les pida a todos sus afiliados la localización y detención del fugitivo. En el caso Ramírez Carreño, la Fiscalía General de la República y el TSJ hicieron todo al revés.